Al menos nueve reconocidos opositores nicaragüenses pidieron a las autoridades judiciales de Costa Rica “detener las solicitudes de extradición” enviadas por el régimen de Daniel Ortega, tras el caso de extradición del opositor Douglas Gamaliel Álvarez Morales, entregado a Nicaragua el pasado 16 de febrero.
En una carta enviada al magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Costa Rica, los opositores, entre ellos el líder campesino Medardo Mairena, alertaron las “condiciones inhumanas de reclusión y los múltiples casos de tortura a que han sido sometidos miles de presos políticos en Nicaragua” y que dicho país “no se constituye actualmente como un Estado de Derecho”.
“Considerando la seriedad de los acontecimientos, imploramos a su autoridad y, por su medio a los demás magistrados de ese poder de Estado, a detener las solicitudes de extradiciones enviadas por el servicio diplomático del régimen de José Daniel Ortega Saavedra y/o de sus obedientes instituciones policiales y/o militares, tanto de las que se encuentran en curso, como de cualquiera que en el futuro se presente”, solicitaron los opositores.
En ese sentido, los firmantes de la carta expresaron “la profunda preocupación” por la extradición de Douglas Gamaliel Álvarez Morales “quien fue entregado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas a la institución policial de la dictadura de la familia Ortega Murillo y, quien ha sido un luchador por la democracia en Nicaragua, cuyo padre fue miembro de la Resistencia Nicaragüense y que pereció asesinado por las fuerzas militares sandinistas”.
También mencionaron que la “inmensa preocupación” por “la suerte de Reinaldo Picado Miranda, igualmente ex miembro de la Resistencia Nicaragüense, quien posteriormente integrado al liberalismo, llegó a ser electo Concejal del Municipio de Kukra Hill, Región Autónoma Caribe Sur de Nicaragua”.
Asimismo, indicaron que el caso de Gabriel Leónidas Putoy Cano, Profesor de Matemáticas, oriundo de Monimbó, Ciudad de Masaya, ex preso político quien estuvo encarcelado por asuntos políticos durante trescientos treinta y un días, que actualmente se encuentra exiliado en Costa Rica en calidad de refugiado.
“Estos casos señalados se constituyen en una alerta para el resto de la comunidad nicaragüense en búsqueda de refugio en Costa Rica”, apuntaron.
Recalcaron que el Artículo 31 de la Constitución Política de Costa Rica establece que “la extradición no procede en caso de delitos políticos o conexos con ellos”.
Sin embargo, “hoy apreciamos una variable importante, por medio de la cual el Estado de Costa Rica deja a un lado esos valores humanos y, sin medir las consecuencias que para la vida misma implica, inicia un peligroso proceso de potenciales extradiciones de opositores nicaragüenses”.