Al menos siete organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares de presos políticos nicaragüenses celebraron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de “continuar exigiendo libertad para todas las personas presas políticas” en especial para 76 personas a quienes la Corte otorgó medidas provisionales en Nicaragua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Unidad de Registro (UDR), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (INDDHH), CEJIL, Raza e Igualdad, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos, “celebraron los requerimientos de la Corte IDH al Estado de Nicaragua establecidos en su Resolución notificada el 29 de noviembre, a quien exige nuevamente que se libere inmediatamente a las 76 personas beneficiarias de las Medidas Provisionales de los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otras (31 personas); y 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua. Todos por motivos políticos”, indicaron.
El pasado 9 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública para analizar el incumplimiento de ambas Medidas Provisionales. Allí, las organizaciones mencionadas demandaron que se ordenara la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. A pesar de la gravedad de la situación, el Estado no compareció ante el Tribunal con sede en Costa Rica.
En su resolución, la Corte IDH declaró en “desacato permanente” al Estado de Nicaragua tras haber emitido 6 resoluciones en el marco de las medidas provisionales otorgadas a favor de Juan Sebastián Chamorro y otras 45 personas privadas de libertad por motivos políticos, denunciando que las órdenes emitidas han sido sistemáticamente desatendidas por el régimen de Daniel Ortega.
En palabras del más alto tribunal en materia de derechos humanos en nuestra región, esto es “contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal”.
En consecuencia, en una resolución sin precedente, la Corte IDH instruyó a su Presidente, el juez Ricardo Pérez Manrique para que presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), un informe que incluya tanto la situación de desacato del Estado de Nicaragua como la “desprotección absoluta” en que se encuentran las personas beneficiarias de ambas medidas provisionales.
Asimismo, la Corte determinó “urgir al Consejo Permanente de la OEA para que, en aplicación de la garantía colectiva, dé seguimiento al incumplimiento de las presentes Medidas Provisionales y a la situación en que se encuentran las personas identificadas en el punto resolutivo 6 y exija al Estado de Nicaragua el cumplimiento de lo ordenado por esta Corte”.
Por ello, la Corte manifestó su preocupación ante el hecho de que las y los 76 beneficiarios permanecen detenidos.
“Las organizaciones y representantes de las personas beneficiarias y sus familias, reconocemos las contundentes declaraciones de la Honorable Corte Interamericana y demandamos al Estado de Nicaragua cumplir inmediatamente con lo ordenado, proceder a la liberación inmediata incondicional y con garantías, resguardar su integridad personal, actuar de buena fe de acuerdo a sus obligaciones internacionales y cumplir con las medidas provisionales tendientes a garantizar la vida e integridad física de los beneficiarios”, concluyeron.