Por Elvira Cuadra Lira | Tomado de Diálogo Político
Socióloga y bloggera. Investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua.
El proyecto político de Ortega para Nicaragua necesita una legitimidad mínima que la ciudadanía no le otorgó en las urnas en noviembre del 2021, y la comunidad internacional tampoco, con sus muestras de rechazo por las condiciones en las que se efectuaron esos comicios y sus resultados. Así, Ortega inició un nuevo período presidencial con un enorme déficit que necesita subsanar para darle estabilidad a su proyecto y recomponer sus relaciones con la comunidad internacional.
En esas condiciones, tiene urgencia de encontrar otras fuentes de legitimidad. Dos de esas fuentes son el sector privado y la Iglesia católica; ambos distanciados desde el estallido social del 2018. La estrategia que ha seguido para plegarlos a sus posiciones han sido la represión y el chantaje, mientras sobre el resto de la sociedad nicaragüense ha impuesto un estado policial revestido de legalidad con la aprobación de un conjunto de leyes que restringen gravemente derechos ciudadanos fundamentales, contraviniendo la Constitución Política del país.
Garrote y zanahoria con los empresarios
Con los empresarios, particularmente el gran capital, Ortega mantuvo relaciones de colaboración cercana desde antes de 2018. Entre ellos se estableció una alianza que llamaron el modelo de diálogo y consenso, de tal manera que, además de hacer negocios conjuntamente, los empresarios tenían una posición privilegiada para influir directamente en la definición de las políticas económicas. Esa alianza se ratificó en 2014 con las reformas que se hicieron a la Constitución en ese año.
El modelo funcionó bien hasta que Daniel Ortega decidió de manera unilateral realizar una reforma a la seguridad social en abril de 2018. La medida afectaba a miles de cotizantes y pensionados, personas de la tercera edad la mayoría de ellos; además, significaba un fuerte incremento para los empleadores. La gremial empresarial se pronunció inmediatamente rechazando la reforma, mientras que en las calles se produjeron las primeras protestas encabezadas por personas jubiladas que fueron agredidas por simpatizantes del gobierno. Esa fue la mecha que encendió el estallido social y abrió la crisis sociopolítica.
La alianza entre empresarios y Gobierno no se ha restablecido hasta ahora, de manera que Ortega ha decidido utilizar tanto el garrote como la zanahoria para atraerlos de nuevo. En el 2021 mandó a apresar, juzgar y condenar a varios empresarios privados. Estos se encuentran en la cárcel conocida como El Chipote, donde son sometidos a torturas y malos tratos, igual que los demás 205 prisioneros políticos que hay en Nicaragua.
Política tributaria en Nicaragua
Ha impuesto una política tributaria altamente impositiva que ineludiblemente llevará a las empresas y negocios al colapso en el mediano plazo. Además, durante las últimas semanas han intervenido empresas, modificaron varias leyes que afectan a las cámaras, federaciones y confederaciones gremiales del sector privado, así como otros organismos sin fines de lucro, y generan un fuerte sentimiento de inseguridad jurídica.
Al mismo tiempo, ha buscado intermediarios como Dante Mossi, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la entidad financiera que se ha convertido en la principal fuente de fondos para el Gobierno. Mossi ha defendido públicamente a Ortega y ha pedido que se suspendan las sanciones que le han impuesto. En meses pasados, Mossi llegó a Nicaragua para sostener una reunión con empresarios privados, en la que les ofreció acceso a fondos provenientes de préstamos para actividades económicas. La mayor parte del sector no se muestra dispuesto a restablecer el acuerdo con Ortega, por mucho que hay empresarios que, por interés o por temor, sí lo quieren. Así, la ansiada legitimidad desean los Ortega-Murillo no les llega por ese lado.
La confrontación con la Iglesia de Nicaragua
Las relaciones entre Daniel Ortega y la Iglesia católica nunca han sido buenas. En la década de los ochenta, durante la Revolución sandinista, tuvo momentos álgidos como el agravio contra el papa Juan Pablo II en 1983, cuando visitó al país. A lo largo de esa década, el Gobierno sandinista persiguió y tomó represalias contra sacerdotes abiertamente opositores. Esas tensiones se mantuvieron aun después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones en 1990. Un ejemplo de ello fue la famosa parábola del cardenal Miguel Obando en 1996, previo a las elecciones presidenciales de ese año, que selló la segunda derrota electoral consecutiva de Daniel Ortega.
Años más tarde, Obando y Ortega establecieron una relación cercana, que —se rumora— estaba motivada por el chantaje político y se mantuvo hasta la muerte del primero en 2018. Como resultado, el principal protegido de Obando, Roberto Rivas, fue nombrado presidente del Consejo Supremo Electoral, facilitando las condiciones para que Ortega regresara a la presidencia en 2007 y se reeligiera consecutivamente en 2011 y 2016.
Mientras tanto, las tensiones con la Conferencia Episcopal eran evidentes, sobre todo a raíz de una carta pública que los obispos nicaragüenses dirigieron a Ortega en 2014, donde se refirieron a diferentes temas que preocupaban a la población, entre ellos, las necesarias reformas políticas. Con el estallido social de abril de 2018, Ortega le pidió a la jerarquía católica que mediara en el proceso de diálogo que se inició en mayo de ese año; sin embargo, la falta de voluntad del Gobierno y la posición firme de la Iglesia terminaron por tensionar nuevamente las relaciones entre ambos y dieron lugar a numerosos ataques y agresiones de parte del Gobierno.
Escalada de ataques
Desde inicios de 2022, los ataques escalaron los niveles de violencia. Uno de los más relevantes fue la expulsión del representante de El Vaticano en febrero; a eso han seguido ataques contra templos católicos, sacerdotes, organizaciones y medios de comunicación religiosos. De acuerdo con una recopilación realizada, entre abril de 2018 y mayo de este año han ocurrido 190 ataques de diferente tipo que incluyen vigilancia, cercos policiales, expulsión de sacerdotes, agresiones y amenazas, entre otros.
El episodio más reciente se dirigió contra uno de los obispos más reconocidos del país, Rolando Álvarez, quien fue sitiado por la policía durante más de dos semanas en la curia de su iglesia, literalmente secuestrado con una operación ejecutada en horas de la madrugada junto a varios sacerdotes que lo acompañaban, y trasladado a la capital para recluirlo en casa de su familia sin orden judicial ni justificación hasta la actualidad. Más de diez sacerdotes también han sido encarcelados, dos de ellos condenados en juicios irregulares por delitos de orden común, mientras sobre los demás no hay acusación formal.
El Vaticano se ha pronunciado sobre la situación en dos ocasiones. La segunda vez a través de una declaración del papa donde expresa su preocupación y llama al diálogo. Otras autoridades religiosas, particularmente de Latinoamérica, han expresado su solidaridad. Mientras tanto, la población en Nicaragua, mayoritariamente católica, se siente profundamente agraviada. De la Iglesia, Daniel Ortega tampoco ha logrado conseguir la legitimidad que busca.
Prisioneros políticos: secuestrados y torturados
En la actualidad, en Nicaragua hay más de 205 personas prisioneras políticas; un grupo importante de ellas se encuentra en El Chipote, una cárcel que originalmente se construyó como centro de detención preventiva y ha sido convertida en una prisión de máxima seguridad. Ese grupo está sometido desde hace más de un año a tratos crueles y torturas que se han extendido a sus familiares, quienes sistemáticamente denuncian que no reciben alimentación suficiente, no les permiten visitas regulares, libros, llamadas telefónicas, permanecen con las luces encendidas las 24 horas, o bien, en la oscuridad; tampoco reciben atención médica ni medicamentos y cuatro mujeres se encuentran en aislamiento total. Eso sin contar con que han sido enjuiciados y condenados en procesos totalmente irregulares en los que no se les ha permitido la defensa.
Días atrás, presionado por el descontento que provocó con los ataques a la Iglesia y las denuncias de los familiares, el Gobierno de Daniel Ortega los exhibió públicamente por primera vez desde su detención en 2021 con el pretexto de unas «audiencias informativas» que no existen en los procedimientos legales. Con horror, la sociedad nicaragüense y el mundo pudieron observar que las denuncias de los familiares se quedaban cortas frente al estado de desnutrición, deterioro físico y psicoemocional que ya presentan a causa de las torturas. La reacción ha sido de rechazo total a la exhibición, dolor y alarma por su situación.
El cálculo político de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece haber fallado en los tres casos. Así, siguen sin lograr la legitimidad que necesitan y, más bien, han incrementado los niveles de descontento entre los nicaragüenses y el más amplio rechazo de la comunidad internacional.