Destacados / Nacionales · 23/09/2022

Ortega nacionaliza a tres nietos del expresidente salvadoreño Sánchez Cerén

El régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a tres nietos del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quien es buscado por la Justicia de su país por cargos de supuesta corrupción.

Según informó este viernes el Diario Oficial La Gaceta, Ortega a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB), concedió la nacionalidad nicaragüense por extensión a Celeste Alessandra y a los gemelos Salvador Leonardo y William Manuel, todos Vaquero Sánchez, hijos de Dolores Ivett Sánchez Villalta y William Oswaldo Vaquero León, y nietos del exmandatario salvadoreño, detalló EFE.

Los padres de los menores fueron nacionalizados nicaragüenses el pasado 7 de abril.

Sánchez Villalta se desempeñó como directora general de desarrollo social de la Cancillería durante el Gobierno de su padre, y Vaquero León, además de ser su yerno, fue asistente personal del exgobernante salvadoreño.

El 30 de julio de 2021, Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño, con lo que no podrá ser extraditado para responder por un caso de corrupción en su país.

Sánchez Cerén recibió la nacionalidad nicaragüense junto a su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta, y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez, también relacionado a un caso de corrupción.

En agosto de ese mismo año, Ortega también nacionalizó nicaragüense a Salvador Antonio Sánchez Villalta, hijo del exmandatario salvadoreño, así como Alejandra Sofía Guardado Sánchez y Carlos Manuel Pacheco Guardado, nieta y bisnieto de Sánchez Cerén, ambos menores de edad.

Sánchez Cerén, de 78 años, profesor y con pasado guerrillero, es el segundo expresidente salvadoreño requerido por delitos de corrupción acogido por Ortega.

El primero fue Mauricio Funes (2009-2014), quien llegó a Nicaragua en 2016 y, el 30 de julio de 2019, recibió la nacionalidad en Nicaragua, cuya Constitución, en su artículo 43, establece que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.