Con 84 votos a favor, los diputados orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, aprobaron la cancelación de personalidades jurídicas a nueve asociaciones de Nicaragua, entre ellas dos ligadas al empresario sandinista Leonardo Torres, a quien ayer también le ilegalizaron dos asociaciones más.
Las nueve ONG ilegalizadas son:
- Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), dirigida por Leonardo Torres.
- Fundación de Turismo (Futurismo).
- Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup).
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), ligada a Leonardo Torres.
- Club Campestre Las Colinas.
- Asociación de Graduados de INCAE en Nicaragua.
- Asociación de Economistas de Nicaragua.
- Fundación Veritas Humanas.
- Fundación Hispanoamericana.
Cantur, al igual que la privada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), que fueron ilegalizadas el lunes, son dirigidas por Torres, miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, que ha guardado silencio sobre esas medidas.
Con la ilegalización de esas otras nueve ONG, se elevó a 61 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018.
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las nueve ONG fue aprobada con trámite urgente.
En un informe, el Ministerio de Gobernación (MIGOB) argumentó que las Juntas Directivas de esas entidades se encuentran “acéfalas”, que no han reportado sus estados financieros correspondientes con sus desgloses detallados y tampoco han presentado los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos, detalla EFE.
Según el informe oficial, esas ONG “violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Según el decreto, los bienes y acciones que pertenezcan a las nueve ONG tendrán previa liquidación, de acuerdo al destino previsto en las actas constitutivas o en sus estatutos.
“Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según el texto.