Con 78 votos a favor y 10 abstenciones, los ilegítimos diputados orteguistas y sus aliados aprobaron este jueves la iniciativa de reformas a la Ley 331, ‘Ley Electoral’ que entre otras cosas reduce el tiempo de las campañas proselitistas y amplía el número de electores por cada Junta Receptora de Votos (JRV), de cara a las elecciones municipales previstas para noviembre próximo.
La Ley Electoral establecía en 75 los días para hacer campaña y ahora serán de 30 días para las elecciones generales (presidenciales y legislativas), y de 20 días para las municipales o regionales.
La enmienda también incrementa el número de electores por cada JRV de 400 a 600, es decir que cada votante tendrá ahora un minuto con seis segundos como promedio para ejercer el voto. Antes era de un minuto con 39 segundos.
Además, la reforma establece un silencio electoral el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, y 72 horas antes de las votaciones.
La iniciativa reforma los artículos 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley 331 Ley Electoral.
“Es a través de esta ley que se crean las reglas del juego para que el voto de los nicaragüenses valga, y que lleven a los diferentes cargos de elección popular a las mejores mujeres y a los mejores hombres con que nuestra nación cuenta”, dijo el sancionado e ilegítimo diputado Wálmaro Gutiérrez.
Las próximas elecciones municipales de Nicaragua están programadas para el 6 de noviembre próximo.
URNAS ABIERTAS RECHAZA REFORMAS
El observatorio ‘Urnas Abiertas’ rechazó las reformas a la Ley Electoral, pues afirma que con estas el régimen de Daniel Ortega “propone un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas e internacionales”.
“Ninguna de las nueve reformas propuestas, sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia, o la integridad general del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente”, afirmó el observatorio.
Urnas Abiertas reiteró que “Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo. Las condiciones para tener dicho proceso pasan por recuperar las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de las personas presas políticas, el cese a la represión, levantamiento del estado policial, reformas electorales profundas, observación electoral nacional e internacional, incluyendo la labor de organizaciones de derechos humanos durante el proceso electoral”.
KITTY MONTERREY: REFORMA ESTÁ VICIADA DE ORIGEN
La presidenta nacional del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey también rechazó la reforma a la Ley Electoral, aduciendo que esta “está viciada de origen”.
“Una reforma electoral que no garantice elecciones libres y transparentes no es una reforma, está viciada de origen. Además, es un reconocimiento legal del Estado policial, de la ausencia de votantes y del control discrecional de los funcionarios electorales sobre el proceso”, expresó Monterrey a través de sus redes sociales.
“Reducir la duración de la campaña electoral en un país donde ya están prohibidas la libre expresión y la manifestación pacífica, facilita el control policial sobre cualquier expresión de disidencia, y no tiene efecto alguno en un sistema de partidos donde la oposición real fue ilegalizada. Al aumentar de 400 a 600 el número de inscritos por Junta Receptora de Votos, el régimen se prepara para una altísima abstención, ya que siguiendo el patrón de participación en las votaciones de noviembre de 2021, con 600 inscritos difícilmente alcanzarán 100 votantes por mesa”, agregó la dirigente política que pretendía participar con su partido en la farsa electoral de noviembre pasado.