El Parlamento Europeo tiene preparada una resolución que sería aprobada mañana jueves por los eurodiputados, en la que le exige al dictador Daniel Ortega la “liberación inmediata” de monseñor Rolando Álvarez y el resto de personas presas políticas en Nicaragua.
La resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Nicaragua, señala que las violaciones de los derechos humanos y los abusos perpetrados desde abril de 2018 “no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso dinámico de desmantelamiento de la separación de poderes” y “una fuerte concentración de poder” en la figura de Ortega y su mujer Rosario Murillo.
Por ello, el Parlamento Europeo “condena enérgicamente” al régimen en Nicaragua por la “sistemática y deliberada violaciones generalizadas de derechos humanos en contra de su población solo por razones políticas” y hace hincapié en que “estas violaciones constituyen crímenes contra la humanidad declarada por la GHREN”; también condena el régimen por sus prácticas para silenciar a la población y reafirma su solidaridad y su continuo y firme apoyo a la población nicaragüense.
La resolución demanda una “prueba de vida” de monseñor Rolando Álvarez; “reitera su llamamiento para su liberación inmediata e incondicional y de todos los detenidos de manera arbitraria, activistas de la oposición, los derechos humanos y los defensores del medio ambiente, los miembros de la Iglesia Católica y de los periodistas, la anulación de sus procesos y las sentencias, así como el seguro retorno de todos los refugiados y exiliados”.
El Parlamento Europeo también expresa su preocupación acerca de la “manipulación de la ley penal y el uso del sistema de justicia como una herramienta para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como la libertad de religión y de creencias”.
Pide la derogación de las leyes restrictivas pasado desde 2018 que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático.; pide a las autoridades Nicaragüenses a defender y respetar los derechos humanos y permitir que el pueblo nicaragüense ejerza sus derechos civiles y políticos; insta a las autoridades a permitir que organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a el país sin restricciones.
La resolución pide la Unión Europea (UE) y a sus Estados Miembros a “incluir garantías concretas de cumplimiento de los derechos humanos en relación con los fondos Europeos asignados, incluyendo a través de acuerdos multilaterales y las instituciones financieras como el Banco centroamericano de Integración Económica del (BCIE), y controlar estrictamente que los fondos no beneficien a fortalecer el régimen nicaragüense”.
Pide a la UE y a sus Estados Miembros “utilizar todos los instrumentos a su disposición, incluyendo visas para facilitar la movilidad y la continuidad de la labor de los defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo”.
Asimismo, insta a la UE a “apoyar y participar activamente en la perspectiva de un auténtico diálogo nacional y a insistir además en condiciones sine qua non para el diálogo, incluyendo la liberación de los detenidos de manera arbitraria, la restauración del estado de derecho y las libertades, el cese de la represión y el miedo, el restablecimiento de la situación jurídica de los partidos políticos y las organizaciones que fueron arbitrariamente cancelado, el retorno de los exiliados, sin exclusiones y con todas las garantías, el retorno de los órganos internacionales de derechos humanos para el país y la celebración de la libre, elecciones justas y transparentes”.
PIDE SANCIONES
La resolución también pide “incluir a los jueces y fiscales en la lista de personas sancionadas por la UE” y también “ampliar la lista de personas y entidades de Daniel Ortega y su círculo interno”.
Recuerda que en la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, Nicaragua debe respetar y consolidar estos principios; reitera su petición de que, a la luz de las circunstancias actuales, la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación se activen.
Alienta a los Estados Miembros de la UE a llevar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en virtud de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otras Formas de tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a los que Nicaragua sea parte.
El Parlamento Europeo reitera su llamamiento para la inmediata extradición de Alessio Casimirri a Italia, y pide a la Conferencia de Presidentes para autorizar el envío de una misión de investigación para monitorear la situación en Nicaragua.