Al menos 11 presos políticos de los 235 calculados en Nicaragua, se encuentran bajo el régimen de “casa por cárcel” en el país. Pero aunque estos se encuentren en sus hogares, sufren el aislamiento, vigilancia policial permanente, la incomunicación y falta de atención adecuada para las enfermedades crónicas que los aquejan.
Estos presos políticos, todos de la tercera edad, soportan la extensión de la prisión en sus casas, con restricciones que se extienden a sus familiares; pues no tienen acceso a teléfonos celulares, líneas fijas, computadoras, radios y televisores.
No pueden salir a los patios de sus viviendas para tomar un poco de sol, y todos los días son fotografiados por los policías que los custodian.
En el caso de la falta de atención médica especializada y oportuna, se encuentra el preso político Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua ante la OEA y analista político, detenido el 22 de noviembre de 2021 y trasladado a casa por cárcel el 24 de febrero de 2022.
El también abogado fue acusado de “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, y condenado a 8 años de prisión, más una multa equivalente 36.000 córdobas.
A Parrales no se le ha permitido ser atendido por médicos independientes con experiencia, pese a que fue trasladado a su casa por el agravamiento de su salud, pues padece problemas digestivos crónicos y hace 10 años le extirparon el intestino grueso, tiene diverticulitis y una hernia.
La Mesa Redonda supo que el exdiplomático es visitado semanalmente por jóvenes médicos pasantes, quienes solo le toman la presión, sin hacerle las pruebas y exámenes de rigor.
Parrales ha sufrido desmayos, está mal de salud.
Otro caso es el del comentarista político Jaime Arellano, detenido desde el 24 de julio de 2021, declarado culpable por el falso delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y condenado a 13 años de prisión.
Según el portal Artículo 66, Arellano está en cama, con problemas neurológicos, y pese a su condición crítica, el régimen le ha prohibido que sea visitado por un especialista privado.
El comentarista ha perdido más de 100 libras, “no puede caminar, está en cama, si se levanta se cae”, revelaron fuentes a ese medio.
Incluso se reportó que en septiembre pasado, Arellano presentó fuertes dolores en la cabeza. “Se le puso el ojo llenó de sangre y desde entonces no ha recuperado el balance”, por lo que se cree que pudo haber tenido “algún tipo” de derrame, describieron.
En la misma situación se encuentra José Pallais Arana, exdiputado liberal y exmiembro de la Alianza Cívica, quien fue detenido el 9 de junio de 2021 en León y trasladado a El Chipote. Posteriormente el 19 de febrero de 2022 fue llevado a “casa por cárcel” por su estado de salud.
Pallais fue condenado a 13 años de prisión por el falso delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”.
El también jurista padece problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, glaucoma y problemas en la columna.
Otro preso político que no ha recibido atención médica especializada es el sociólogo y economista Oscar René Vargas, quien fue secuestrado por la Policía Orteguista el 22 de noviembre pasado en la casa de una de sus hermanas en Managua y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como ‘El Chipote’.
Vargas es hipertenso y tiene un marcapasos desde ocho meses.
“Advertimos a las autoridades y al régimen Ortega Murillo que están cometiendo un crimen, la vida de esta persona depende de un marcapasos y sin la asistencia médica especializada puede colapsar”, declaró en noviembre pasado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó esta semana que otorgó medidas cautelares a favor de Vargas, “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” en Nicaragua.
Vargas es acusado por la Fiscalía Orteguista de los falsos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, provocación para cometer rebelión y propagación de noticias falsas”.
Organismos defensores de Derechos Humanos y familiares de los presos políticos han responsabilizado al régimen Ortega-Murillo por cualquier desenlace fatal en estas personas.