Unas 60 personas detenidas y 100 policías heridos, ninguno de gravedad, es el resultado de ocho días de protestas organizadas por un grupo llamado “Movimiento Rescate Nacional”, en rechazo a una eventual negociación del gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ministro de Seguridad, Michael Soto, informó en rueda de prensa que tras una semana de protestas se contabilizan unos 100 policías heridos y 60 personas detenidas, tras enfrentamientos entre los oficiales y grupos de personas a la hora de retirar bloqueos de carreteras.
El episodio más violento ocurrió en la localidad de Paquita, provincia de Puntarenas (sur), donde autobuses de la Policía fueron atacados a pedradas e incluso a un oficial le lanzaron una bomba molotov, aunque no tuvo heridas graves. Otros 25 policías resultaron golpeados, según dijo el ministro.
“Esto es una situación que repudiamos, rechazamos y que no corresponde a la idiosincrasia costarricense. Estamos hablando de hechos delictivos sumamente graves y delicados. Somos un país civilista y llamamos al diálogo para solucionar los conflictos”, expresó Soto.
Tanto Soto como los dirigentes de las protestas han dicho que en los bloqueos hay penetración de grupos delictivos e incluso de narcotraficantes locales.
Llamados al diálogo sin éxito
Por su parte, en declaraciones distribuidas a los medios, el presidente Carlos Alvarado pidió “llevar la discusión a la mesa y deponer los bloqueos”.
Alvarado dijo que comprende el “malestar de una parte de la ciudadanía por la suma de situaciones difíciles”, pero que el hecho de bloquear calles es “restringir la libertad de los otros y es un delito”.
El dirigente del llamado “Movimiento Rescate Nacional”, José Miguel Corrales, dijo el miércoles que habrá una “flexibilización” de las protestas, luego de que el gobierno rechazara un pliego de requisitos que este grupo presentó para entablar el diálogo.
Las protestas comenzaron el 30 de septiembre en rechazo a un posible acuerdo del gobierno con el FMI por 1.750 millones de dólares, que incluía aumento de impuestos y la venta de activos estatales, con el objetivo de estabilizar las finanzas del Estado, afectadas por la pandemia del COVID-19.
*EFE