José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se declaró hoy en contra de la propuesta de reforma a la Ley 698 presentada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener información adicional sobre las sociedades anónimas y un nivel de acceso a la información de los clientes, lo que constituye una invasión a la privacidad y vulnera el sigilo bancario, según expertos.
El Poder Judicial envió recientemente a la Asamblea Nacional, la reforma a la Ley 698, “Ley General de los Registros Públicos”, que busca “cerrar las brechas y fisuras a través de la cual el crimen organizado pueda realizar sus acciones”, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según las justificaciones del anteproyecto, esta reforma busca, entre otras cosas, conocer “quién es el beneficiario efectivo, el usufructuario real de una sociedad mercantil, a fin que estos vehículos corporativos no sean utilizados para permear los sistemas antilavados de las jurisdicciones que integran el GAFI”.
A juicio de Aguerri, esta medida afectará a las empresas, poniendo mayor inseguridad jurídica y sumará la caída de la economía en el país. Además “coloca en manos de las autoridades otra pistola que pueden utilizar contra del empresariado”.
En su reporte semanal del COSEP, el dirigente empresarial alertó que la reforma a la Ley 698, que hay “una ausencia de un enfoque basado en el riesgo en materia de transparencia de sociedades mercantiles”. “Esto es importante de entender porque se justifica esta iniciativa en base a una recomendación que hace el GAFI… pero como es una evaluación de riesgos que conforman la recomendación uno del GAFI, se tiene que constituir en base a esa valoración de riesgo”, dijo.
Por otro lado, Aguerri la iniciativa se presenta un análisis de evaluación de riesgos, “que fundamente porqué se está haciendo esto, se tiene que haber dado al menos un proceso de análisis, una evaluación sobre el tema de los actuales y potenciales riesgos de lavado de dinero derivados del mal uso, abuso, falta de transparencia en las sociedades mercantiles en Nicaragua, indicando cuál son esas carencias de información o en qué aspectos las autoridades estatales a cargo del sistema de prevención se topan con dificultades. Esto no lo hace el sistema, esto no la hace esta propuesta y además sin que se tenga que exponer a crear una atrofia del orden jurídico mercantil y económico en la nación”, advirtió.
El presidente del COSEP sostuvo que la situación del “déficit de información” sobre las sociedades mercantiles en Nicaragua, “es un problema sistémico en Nicaragua que requiere soluciones integrales y no parches”.
“Esto no se resuelve con crear un sistema donde no se está atacando el tema de fondo, que es la modernidad y la actualización de todo el sistema de registros de sociedades mercantiles, que sean realmente accesibles, ágil, eficiente y moderno, pero sobre todas las cosas que garantice que el sistema tutele el habeas data y el derecho a la privacidad, la honra y reputación de las personas”, criticó.
Para Aguerri, el régimen de Ortega a través del CSJ lo que está haciendo es crear un sistema que “será aplicado de manera indiscriminada a toda la sociedad con independencia de cualquier criterio que esté basado en riesgo, eso te abre a un problema adicional que es la ausencia del deber de sigilo y confidencialidad en la institución a cargo de este sistema”.
Agregó que la reforma creará la paralización de los trámites de los Registros Públicos con “graves efectos para todo lo que es la tramitología, porque existe en el sistema nacional de registro el registro de la propiedad inmueble, el registro mercantil, el registro de las vías mobiliarios, ahora se crea un ‘registro madre’. Entonces todos estos registros van a tener que esperar a que este ‘registro madre’ sea el que permita que posteriormente se puedan procesar las operaciones en los otros registros, lo cual lo único que viene es a detener los procesos, a encarecer los procesos y esto va crear un cuello de botella registral que afectará desde la más pequeña empresa hasta la más grande”.
Aguerri concluyó con que debe prevalecer la realidad mercantil del siglo veintiuno, y que se tiene que proteger a las empresas.