El relator especial de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, destacó este viernes en un informe que Costa Rica todavía tiene múltiples retos que superar en este tema, ya que observó indicadores de trabajo forzado en numerosos sectores, incluidos la agricultura, el trabajo doméstico, los servicios, el transporte y la construcción.
Obokata, visitó Costa Rica del 16 al 25 de noviembre, tras una invitación del Gobierno de Costa Rica, con el objetivo principal de inspeccionar y evaluar el progreso en la eliminación de las formas contemporáneas de esclavitud como parte de su compromiso como país pionero para la Alianza 8.7.
“Estos indicadores son extensas jornadas laborales, poco tiempo de almuerzo y descansos, bajo pago, ambientes de acoso, incluidos de naturaleza sexual, y ambientes insalubres (…) Por lo cual, impulso al Gobierno a crear un Plan de Acción para la debida diligencia en materia de derechos humanos en todos los sectores. Además de fomentar la defensa de las víctimas y el acceso a la Justicia”, explicó el relator especial de la ONU en una conferencia de prensa.
El experto dijo que estos tipos de trabajos forzados se dan en sectores como la agricultura, trabajo doméstico, servicios, transporte y construcción.
Otro de los temas por mejorar es el régimen de sanciones, que actualmente es débil en el país. Esto debido a que el máximo para delitos como la trata de personas y el trabajo forzoso es de 10 años de prisión. Incluso bajo circunstancias agravantes, el castigo es de 14 años de prisión, y estos son sustancialmente más bajos que en otras jurisdicciones del mundo.
“El 95 % de los actores que conocí indicaron que la inspección de trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además, las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores”, expresó el experto en formas contemporáneas de esclavitud.
Obokata también vio debilidades en el acceso a la justicia y dijo que los recursos para las víctimas son limitados. El informe evidencia la falta de asignación de recursos, por parte de las autoridades, y de conocimiento entre las víctimas sobre sus derechos.
Entre los aspectos positivos y avances, Obokata resaltó que Costa Rica ha venido aplicando diversas medidas para mantener a los niños en sus escuelas y prevenir así el trabajo infantil, como, por ejemplo, por medio de la iniciativa público-privada conocida como Casas de la Alegría.
Datos presentados por la ONU indican que en 2011, los casos registrados de trabajo infantil ascendieron a 42.571, pero se ha reducido a 6.706 en 2020. Pero estas cifras también muestran que todavía existe el trabajo infantil, particularmente en el sector informal, incluida la venta ambulante, el trabajo doméstico, de construcción y la agricultura, en donde las leyes y regulaciones no siempre se aplican de manera efectiva.
Otro avance es que el país cuenta con diversos marcos jurídicos aplicables a las formas contemporáneas de esclavitud, que incorporan algunos de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y laborales. Sin embargo, según Obokata, es necesario que se implementen de manera efectiva, para que se puedan prevenir las formas contemporáneas de esclavitud.
*EFE