*Por Voces Unidas
Se movilizan en camionetas civiles y andan armados. Los han visto en fincas de conocidos orteguistas de la zona. “¿Para qué? Aquí nadie quiere guerra, ya la sufrimos y pusimos muchos muertos”, señalan comunitarios. Llaman al Ejército a intervenir, la ley lo exige, reclaman.
Pobladores de Wiwilí, Santa María de Pantasma y el Cuá, se encuentran preocupados por la presencia de civiles armados en su zona, los que según conocieron, estarían recibiendo “entrenamiento militar” en la comunidad La Marañosa, en fincas de conocidos militantes orteguitas.
Los comunitarios hicieron la denuncia con mucho temor debido a la comprobada represión del régimen y llamaron a las autoridades del Ejército a investigar el tema, porque entienden que es la única institución a quienes las leyes del país les permite moverse armados y dar entrenamientos a sus oficiales y en sus debidas instalaciones.
Denunciaron que hace quince días, viajaron 60 trabajadores de las diferentes instituciones del Estado a dicho entrenamiento, según confirmó uno de ellos que no parece estar convencido de que la práctica sea legal. “¿Nos preparan para una guerra? ¿En que están pensando?”, se pregunta al pedir estricto anonimato para la entrega de este reporte.
Los movimientos de camionetas doble cabina con los civiles armados que se movilizan en sus zonas sin una explicación legal, les trae a los comunitarios recuerdos de años violentos que muchos han querido olvidar. “Se sufrió mucho con la guerra de los años 80 en estas comunidades, se derramó mucha sangre, nadie quiere volver a eso”, dijo una campesina que en aquella guerra, perdió a uno de sus seis hijos.
Paramilitares activos en comunidades
Tras el estallido social de abril de 2018, los fanáticos orteguistas recibieron armas de manos de la policía y del Ejército para atacar a los ciudadanos sublevados, de acuerdo a varias denuncias de opositores. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la cifra de muertos que ocasionaron esos grupos irregulares junto a policías, llegó a 355.
Hasta la fecha, el régimen se ha negado a investigar los crímenes, pero sus militantes las han asumido con orgullo. “Esa gente sigue activa, ahí andan con sus armas como si nada”, dice una humilde mujer de Santa María de Pantasma que camina con su niña de seis años por una calle polvosa cerca de su caserío.
“Aquí todo el mundo sabe que los paramilitares mataron a muchos campesinos. Es horrible porque es gente matando a gente conocida, a hermanos del mismo pueblo pues”, denuncia por su lado, un habitante de Wiwilí.
Hasta el año pasado, en estas zonas alejadas del país, se habían contabilizado 52 campesinos asesinados por simpatizantes del régimen. Los crímenes los cometieron paramilitares que actúan con total impunidad, e incluso en coordinación con la misma Policía que se convirtió desde el 2018, en el brazo represor y ejecutor de crímenes de lesa humanidad ordenados por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus opositores.
De sicarios a policías y al revés
Uno de los casos más conocido en estas zonas alejadas, es el del fanático orteguista Marlon Martínez, a quienes llamaban “Siete Curvas”. Era un paramilitar confeso y mientras vivió, se jactaba de ser el responsable de la muerte de más de una docena de campesinos que se levantaron en abril contra el orteguismo.
El hombre era temido en la microrregión de Plandegrama. Muchos le atribuyen secuestros, torturas y desapariciones que en esta zona han callado para evitarse mayor represión. Quienes vieron a Martínez, lo recuerdan con uniforme de policía, aunque era civil y otras veces con uniforme de color pinto militar. Varios ciudadanos se quejaron ante la pPolicía por permitirle el uniforme y armas de la institución, pero se hacían los sordos.
Un día, Marlon Martínez apareció muerto. No hubo investigación, ni hubo alguna denuncia exigiendo aclarar la muerte. Hubo silencio total de las autoridades.
Muchos dicen que fue emboscado por “fuego amigo” porque se les había salido de control, otros que el mismo Ejército lo abatió tras advertirle a la Policía que hacía “operativos de banda irregular”.
Otro señalado por la población fue David Nicaragua, quien es el jefe de la Policía de Plandegrama. Según familiares de una víctima, éste en complicidad con un paramilitar conocido en la zona dieron muerte al joven Saúl Gutiérrez. Se dice que Gutiérrez, era militante y se negó a seguir en las filas de estos grupos paramilitares.
Transportistas temen escalada represiva
Un ciudadano que tiene su medio transporte y presta servicio en estas zonas, aseguró haber visto a los trabajadores del Estado recibiendo entrenamiento militar. “Sentí mucho temor, porque es una prueba fehaciente que los sandinistas se preparan para aumentar la represión contra los campesinos y quienes no colaboren con ellos”, denunció.
“Ellos tienen las armas –aseguro– si te piden trasladar esa gente, aunque no quiera uno debe hacerlo, de lo contrario, entrás a la lista negra y nos pueden matar”, advirtió.
Hay temor y silencio en los caseríos de Jinotega. “Uno aparece muerto por esos caminos, ¿Quien te va a defender? Solo ponete a pensar lo que hacen con la Iglesia; ahora con nosotros que estamos en el campo”, dijo un poblador de El Cuá.
En su momento la exalcaldesa de Wiwili, Reyna Esmeralda Hernández, aseguró que muchos campesinos habían sido asesinados por paramilitares, pero que nadie denunciaba por miedo. Llegó a hablar de un éxodo de cerca de diez mil campesinos. “Ellos dejaron a sus familias para resguardar sus vidas”, denunció.