El partido Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS) alertó este jueves que, con la reciente aprobación de la reforma a la “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias” el régimen de Daniel Ortega estaría poniendo en riesgo las remesas familiares de los nicaragüenses, ante el riesgo que los bancos nacionales puedan sufrir un corte en sus relaciones por parte de los bancos internacionales.
La Asamblea Nacional de mayoría orteguista, aprobó ayer miércoles la reforma que es rechazada también por la banca privada bajo el argumento de que pone en riesgo al país de pasar de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Unamos sostuvo que con la reforma, la dictadura pretende “obligar a las empresas y, en especial, a los bancos a tener entre sus clientes a funcionarios o instituciones que han sido sancionados por corrupción, lavado de dinero y violaciones graves a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
“La ley está hecha para proteger los intereses económicos de la familia Ortega Murillo y su cúpula sancionada por los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza y abre la puerta a que se exija a los bancos locales a prestar servicios a quienes estén vinculados al crimen organizado. Con esa ley, Nicaragua se colocará fuera de las normas internacionales establecidas para prevenir el lavado de dinero, lo que podría causar el cierre de las relaciones entre bancos de esos europeos y estadounidenses y los bancos locales”, dijo Unamos a través de un comunicado.
Advirtió que, “si por causa de esa ley, los bancos locales sufren un corte en sus relaciones por parte de los bancos internacionales, se verán afectadas todas las transacciones financieras y comerciales que cualquier nicaragüense o empresa local, tenga con otros países. En especial, se arriesga gravemente el envío de remesas familiares por nicaragüenses residentes en Estados Unidos”.
El partido opositor indicó que el envío de las remesas familiares desde Estados Unidos, alcanzó en el 2020, un monto global registrado de poco más de 424 millones de dólares. “Todas estarían en riesgo. Y en el menor de los casos, las familias verán reducidas sus remesas por los altísimos costos que cobrarán los bancos internacionales por esas transacciones”, alertó.
“Desde Unamos rechazamos categóricamente esta ley, que junto con las restantes aprobadas en los últimos meses, evidencia el severo daño que los Ortega Murillo le causan a Nicaragua. Solo terminando con este régimen dictatorial, Nicaragua podrá avanzar en una ruta de democracia, justicia y oportunidades”, concluyó.
La reforma aprobada, prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa.
Según la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), esa norma viola el derecho a la libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
Para Asobanp, la reforma transgrede el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos.
La Asociación bancaria advirtió sobre “el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito” y hasta que Nicaragua sea excluida del sistema financiero global.