Universidades públicas de Nicaragua: la autonomía perdida

*Por Expediente Público

“Nunca, nunca yo había salido de mis tierras, lo más largo (que) había ido es a Managua a estudiar. Y salir solo (de mi país), con 100 dólares y sin saber para dónde (sin destino definido fue muy difícil)”, recuerda Melkin Castillo, de 22 años, estudiante expulsado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y obligado a exiliarse un 25 de diciembre de 2018. Castillo es originario de Mulukukú, municipio de la Región de la Costa Caribe Norte, a 242 km de distancia de la capital nicaragüense, Managua.

El testimonio de Castillo y el de otros 20 universitarios, que después de tres años del estallido de la protesta social, la represión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo les sigue alcanzado y “que arbitrariamente sus sueños de coronar una carrera fueron truncados tras ser expulsados por participar desde las universidades en las demandas de una nueva Nicaragua en 2018”, son documentados en el “Libro Blanco; las evidencias de un Estado totalitario: violaciones de derechos humanos en Universidades Públicas de Nicaragua”.

Hasta 2019, la cifra de universitarios expulsados en el país centroamericano eran 147 y de personal despedido, 108, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), UNAN-León, Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Carazo), FAREM-Estelí, FAREM-Matagalpa, y FAREM-Chontales, según estadísticas de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justica, en su informe sobre la violación de los derechos humanos y educativos a los estudiantes y docentes universitarios en Nicaragua 2018-2019.

El Libro Blanco fue presentado este lunes 29 de marzo, en un evento virtual por las organizaciones que lo promovieron: Conexión Nica – USA, SOS Nicaragua – Europa, Nicaragua Freedom Coalition,  Nicaraguan American Human Rights Alliance, Nicaragüenses en el Exilio. También son parte los movimientos Acción Universitaria, Juventud Política Nicaragüense, Plataforma Nacional Juvenil, Movimiento Estudiantil en Apoyo a la Democracia, Frente por la Autonomía y la Calidad Universitaria en Nicaragua, Agentes de Cambio Nicaragua y Activismo Digital Nicaragüense, surgiendo la mayoría a raíz del levantamiento estudiantil en abril del 2018 en contra, en un primer momento, de las reformas al sistema de pensiones, y posteriormente para exigir un cambio del sistema de Gobierno tras la masacre perpetuada por la administración sandinista.

El documento demuestra el incumplimiento del derecho a la educación a los estudiantes que lideraron las protestas, así como también la criminalización como una de las tácticas de represión hacia ellos por parte del gobierno de Ortega, quien lleva 14 años en el poder de forma consecutiva y ha contribuido a retroceso de la autonomía universitaria.

Levis Rugama, estudiante expulsado de la UNAN-Managua, dijo a Expediente Público que el libro, está enfocado en el impacto que tuvo la destrucción de la autonomía universitaria en la vida de las víctimas, que sigue denunciando porque “la impunidad persiste, y queremos justicia, que los estudiantes regresen a clases y además de eso, su pérdida sea retribuida con una compensación” económica.

Evitar impunidad

Bianca Jagger, presidenta de la Fundación para los Derechos Humanos, que lleva su nombre, durante la presentación del Libro Blanco, hizo el siguiente a los nicaragüenses: “No podemos permitir ese abuso de poder” ante como los estudiantes han sido víctimas “de este régimen sanguinario, de este régimen que ha permitido los asesinatos de los estudiantes y la persecución a los campesinos, mujeres, periodistas, a la Iglesia Católica”.

La activista de derechos humanos nicaragüense, a casi cumplirse el tercer aniversario de la insurrección cívica, dijo no querer el olvido ni perdón por los crímenes contra la ciudadanía, de los que han sido responsabilizados Ortega, su vicepresidente y esposa Murillo, ministros, alcaldes, diputados, la Policía Nacional y miembros del Ejército, así como jueces y magistrados. “Solo podría haber perdón en Nicaragua si hay justicia y la primera justicia es para los estudiantes”, aseguró Jagger.

Rugama, quien fuera líder estudiantil en la UNAN-Managua y conocido como “el canciller” por su forma de vestir, refirió que entre los propósitos de la publicación del libro está “dejarlos en la mesa de personas influyentes de decisiones políticas en congresos internacionales”, como Estados Unidos, Europa y otros foros, para que sirva de pruebas de los abusos a los derechos fundamentales cometidos contra los jóvenes que no comparten la política partidaria de Ortega y Murillo.

“Si no hay autonomía universitaria, entonces los recintos van a ser nada más centros mediocres de repetición de número y letras, y no un centro de reflexión y pensamiento crítico donde puedan desarrollarse los estudiantes”, aseguró el joven.

Rugama, de 23 años de edad, estudiaba segundo año de Derecho en la UNAN Managua, de donde lo expulsaron por ser parte de los movimientos de jóvenes que lideraron las protestas, primero por los incendios de la Reserva Biológica Indio Maíz, y luego contra la reforma al sistema de pensiones. Rugama estuvo preso siete meses, del 25 de agosto del 2018 al 15 de marzo del 2019.

El líder universitario recordó que “ni el Movimiento Campesino había podido hacer lo que el estudiantado hizo en un meses de protesta, por eso el régimen se movilizó para practicar sus elementos de represión incluyendo paramilitares y posteriormente actos de incriminación a los estudiantes”, dijo.

El Movimiento Campesino surgió en 2013 en rechazo al proyecto del Gran Canal Interoceánico, que amenazaba con despojar de sus tierras a miles de campesinos y pequeños productores, siendo la primera organización social que mantuvo resistencia contra las políticas de Ortega. El Movimiento Campesino se sumó a los estudiantes en abril del 2018 en la resistencia contra los crímenes del aparato gubernamental.

“La mayoría de los estudiantes expulsados no están estudiando, porque estudiaban en la UNAN que era pública y no podían pagar sus estudios, y hay una gran cantidad de estudiantes exiliados en Costa Rica, haciendo nada, sobreviviendo porque es un país económicamente quebrado con dificultades y déficits fiscales enormes”, afirmó Rugama.

“Una autonomía degradada”

Expertos en temas de educación, consultados para el Libro Blanco: Las evidencias de un Estado totalitario; violaciones de derechos humanos en Universidades Públicas de Nicaragua, señalaron que el surgimiento de protestas a lo interno de los recintos, posteriores tomas de las universidades, la formación de nuevos movimientos y liderazgos estudiantes en ese contexto, provocó que las autoridades y los de Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), adoptara medidas radicales como la expulsión definitiva de los jóvenes que incentivaron el levantamiento social. La UNEN es un grupo de estudiantes que actúa como brazo de represión y adoctrinamiento político del sandinismo en las universidades.

La revolución popular contra la dictadura somocista de 1979, la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones 1990 y la rebelión estudiantil y social del 2018, son tres fechas importantes que han incidido en la autonomía universitaria, y en este libro son analizadas por el excatedrático Freddy Quezada, de la UNAN-Managua.

Quezada, refiere que la UNAN antes de 1979, “fue un paradigma de libertad de pensamiento y expresión” del que gozaron tantas organizaciones estudiantiles de izquierda, de centro y hasta de derecha de esa época.

Sin embargo, afirma que después de 1979 “el gobierno revolucionario era el CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma) ampliado” y el Consejo Nacional de Estudios Superiores (CNES). Ese fue el primer paso para desconocer la autonomía de la UNAN, “que durante la década de los 80 permaneció́ primero sujeta a la voluntad de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y luego a discreción de los ministros de educación”, cita Quezada en el Libro Blanco.

Además, señaló el catedrático que, en abril de 1990, año en que la Asamblea Nacional aprobó́ la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, “los cargos claves fueron ocupados por militantes leales al FSLN en su caída, que corrieron a ejercerlos con un nuevo celo por una autonomía que desconocían la víspera”.

Quezada fue despedido en agosto del 2018 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua, por no alinearse a la posición partidaria “hegemónica” del Frente Sandinista en la estructura administrativas de ese recinto.

Para Carlos Tünnermann Bernheim, exrector de la UNAN- León (1964-1974) y exdiplomático nicaragüense, la autonomía “en la práctica está degradada” a pesar de que exista formalmente, y considera que esta es indispensable “para el funcionamiento de una universidad que se precie como tal, porque una universidad debe ser un centro de pensamiento independiente y crítico”.

En la presentación virtual participó Alejandra Centeno, quien también fue expulsada de la UNAN-Managua por su involucramiento en las protestas de abril del 2018. La joven reiteró que en Nicaragua se necesitan compromisos reales con las víctimas, creación de oportunidades de parte de las personas que aspiran a cargos públicos en el futuro.

“Creo que la autonomía universitaria no tiene que tratarse como un tema que solo les importa a los estudiantes, porque la autonomía universitaria y la educación es un bien público que nos involucra a todos, y no se puede permitir que este tema quede nuevamente rezagado en las agendas nacionales y que tampoco vuelva a ser el resultado de un proceso político”, aseguró Centeno desde el exilio, en Costa Rica.  Alejandra Centeno, originaria de Managua, le faltaba un año para culminar sus estudios de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales cuando fue expulsada por las autoridades por motivaciones partidarias. Centeno fue parte de la Alianza Cívica en el diálogo nacional en mayo del 2018 y febrero del 2019.

Ernesto Medina, fundador de la Academia de Ciencias en Nicaragua, y de los académicos consultados en el Libro Blanco, explicó que las expulsiones de los estudiantes que protestaron contra el gobierno son un “atropello al más elemental de los derechos que tiene una persona que es el de profesionales, y si eso no es odio, si eso no es, digamos, el más absoluto desprecio por la dignidad humana, pues no sé qué cosa será, y que las universidades se presten a eso pues me parece inconcebible”, afirmó.

La chispa que encendió la mecha

El silencio que se le criticaba a la comunidad estudiantil en Nicaragua sobre los temas políticos, se rompió cuando el gobierno de Ortega se mostró negligente para acabar con el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, ubicada al sureste del país, y ante la reforma del sistema de pensiones en 2018. El ataque de la Juventud Sandinista (JS) junto a grupos de choque fieles al gobierno, contra ciudadanos pensionados en la ciudad de León (Occidente) el 18 de abril del 2018, provocó el levantamiento de los universitarios en protestas masivas a las que luego se les sumaron campesinos, empresarios y miles de nicaragüenses que demandaron la salida de Ortega del poder, según lo relata el Libro Blanco, como memoria de los hechos.

“En el 2018 pese a que el régimen había decidido echar pie atrás con las reformas a la Ley de Seguridad Social, las protestas estudiantiles ya habían servido como la chispa que encendió́ la mecha de las protestas sociales en otros sectores del país”, se recoge en el documento.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) Paulo Abrão formó parte del lanzamiento del Libro Blanco, y en su intervención describió como el pueblo de Nicaragua ha vivido sucesivas violaciones a los derechos humanos. “Las más complejas, como la afectación al propio derecho de la vida, la integridad física, libertad, salud, justicia, a la libertad de expresión, al acceso a la información, al derecho de reunión, de organizarse y manifestarse, al derecho de defender derechos”, dijo.

Para Abrão, en Nicaragua está vigente “una deuda histórica a ser cumplida y a ser saneada, especialmente con estos jóvenes, (estudiantes) porque está en ellos depositada la esperanza de una transformación y de enfrentamiento a este Estado policial y totalitario” aseguró el defensor de derechos humanos.

El evento contó con la participación de Bianca Jagger, de la Fundación Bianca Jagger Pro Defensa de los Derechos Humanos, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao y Rosalía Miller, presidenta de Conexión Nica-USA.

Además del testimonio de tres estudiantes expulsados: Alejandra Centeno, Cristopher Nahiroby Olivas, y Levis Artola Rugama.

“El mundo debe saber cómo la autonomía universitaria y la conciencia crítica también ha sido secuestrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, concluye el Libro Blanco.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *