El observatorio Urnas Abiertas denunció este martes lo que denominó un “asalto a la democracia y a la autonomía municipal” mediante la farsa electoral municipal que realizó el régimen de Daniel Ortega el pasado 6 de noviembre.
“Desde Urnas Abiertas denunciamos este asalto a la democracia y a la autonomía municipal, así como la falta de integridad de los comicios y por tanto la falta de legitimidad de los gobiernos municipales ‘electos’”, sostuvo el observatorio un día después que el Consejo Supremo Electoral publicara los resultados provisionales de las elecciones municipales 2022, que indica que el FSLN “ganó” el 100% de las alcaldías del país, es decir, se apoderó de las 153 municipalidades.
“La imposición de estas 153 alcaldías de facto solamente significará la profundización del estado policial y el terrorismo de Estado, con autoridades que no velarán por las demandas ciudadanas ni el bienestar social, sino que obecerán fielmente a las órdenes del Poder Ejecutivo y su estrategia represiva”, reprochó el observatorio.
Urnas Abiertas aseguró que el Poder Electoral controlado por Ortega manipuló las actas de escrutinio e infló datos para “colocar hasta un 30% de votos adicionales” a los partidos participantes.
Participación ciudadana
Urnas Abiertas, a través de la red ciudadana desplegada, observó la participación ciudadana en 366 Centros de Votación, lo que nos permitió concluir que la participación de este año fue de un 17.33% y el nivel de abstencionismo ascendió a un 82.67%.
El porcentaje promedio de participación ciudadana presentado por Urnas Abiertas es una aproximación como resultado de la observación ciudadana a partir del diseño de una muestra estadística representativa a nivel nacional.
“Se utilizó como universo de estudio el padrón electoral de 2017 publicado por el Consejo Supremo Electoral, antes de la eliminación de más de 1 millón 300 mil personas. Se diseñó una muestra nacional probabilística con un nivel de confianza de 95% y un grado de error estadístico del 5% utilizando desviación estándar”, precisó.
Además, Urnas Abiertas desplegó una red ciudadana de más de 1.700 personas, que observó en 150 municipios de los 17 departamentos y regiones del país, para registrar irregularidades, anomalías y violencia política.
Resultados sin transparencia
Urnas Abiertas aseguró que recibió actas de escrutinio y carteles de resultados de juntas y municipios, “al analizar los datos se puede observar que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha manipulado la información reportada por los Consejos Electorales Municipales (CEM)”.
“En varios casos el CSE ha informado una mayor cantidad de votos que los reportados por los CEM en los cierres de los municipios, sobre todo para los partidos colaboracionistas, lo que demuestra que manipulan los datos con la intención de asignarle determinadas concejalías a sus partidos satélites, así como para incrementar el reembolso que recibirán, todo como recompensa de su participación en un proceso carente de garantías. Para partidos como APRE, PLI y ALN se observó que los votos fueron inflados hasta 10 veces su resultado real, en algunos municipios”, indicó.
Aclaró que la información que el CSE presenta (totales de votos en porcentajes y números absolutos) no permite realizar una adecuada auditoría, ya que la información no se presenta por CV ni por JRV, tampoco es posible revisar las actas en su sitio web.
Así se consumó la apropiación de las alcaldías
Los territorios que han sido históricamente antisandinistas vivieron una jornada electoral municipal bajo tensión, amenazas y una serie de irregularidades que se registraron desde la apertura de las urnas.
El observatorio mencionó que la población de estos municipios se organizó para “defender el voto y resistir ante las intenciones del régimen de apoderarse de sus gobiernos locales, sin embargo, la violencia política y las múltiples anomalías electorales le permitieron al FSLN quedarse con todas esas alcaldías”.
Además de la ausencia de condiciones democráticas en todo el contexto electoral, la estrategia fraudulenta del FSLN para arrebatar estas alcaldías también se expresó en las urnas y estuvo marcada por:
- Doble o múltiples votos en la misma JRV, a cargo de sus operadores que estaban dispuestos a hacerlo.
- Se extendieron constancias de “personal auxiliar”, que le permitía al portador votar en una JRV diferente a la correspondiente, por encontrarse “movilizado”. Se reportó que con esta constancia se ejerció el voto múltiple. En 2017 se usó esta misma táctica a través de un carnet amarillo que les acreditaba como “personal auxiliar”.
- Acarreo de personas para votar en diferentes JRV, especialmente se reportó el traslado de personas de zonas rurales a los CV más grandes de los casos urbanos.
- Limitaciones al trabajo de fiscales en municipios opositores, de manera generalizada se recibió información de que una gran parte de fiscales no fueron acreditados en tiempo y forma. En los municipios donde se pretendía defender el voto estos fiscales no pudieron ingresar, en otros municipios “colaboracionistas” los fiscales pudieron trabajar aún sin las credenciales.
- La eliminación de más de 1 millón 300 mil personas del padrón electoral les permitió usar la táctica del “ratón loco”, puesto que cuando una persona opositora no aparecía en el padrón le indicaban dirigirse a otro CV, mientras que a sus simpatizantes les permitían votar en ese CV.
- Hubo un bloqueo generalizado para acceder a las actas de escrutinio o carteles de resultados, operadores sandinistas obstaculizaron que otras personas tomaran fotos y en el peor de los casos, las actas fueron sustraídas de las JRV sin que los fiscales opositores pudieran revisarlas o firmarlas.
- Las actas de escrutinio fueron manipuladas, se inflaron datos, en promedio los reportes indican que en las actas se colocó hasta un 30% de votos adicionales.
Urnas Abiertas dijo que continúa procesando la información para brindar en las próximas semanas un informe final respecto a la observación de la jornada electoral.