El observatorio ‘Urnas Abiertas’ presentó este miércoles el informe “Nicaragua: entre el fraude y el terror – Una breve relatoría de cómo opera el terror en Nicaragua”, en el marco del proceso de elecciones municipales previstas para noviembre próximo en el país.
El informe de 26 páginas describe brevemente la situación de Derechos Humanos en Nicaragua “dando cuenta de la continuidad de la violencia política y la persistencia del estado de terror que ha sido posible gracias a la perpetuación en el poder del régimen nicaragüense consolidado a través del fraude electoral de 2021”.
El documento está estructurado en tres capítulos: Situación general de los Derechos Humanos en Nicaragua, Nuevas formas de violencia política y de terror, y Operadores del terror.
Situación general de los Derechos Humanos en Nicaragua
Los reportes recibidos por Urnas Abiertas entre enero y mayo de 2022 indican que las manifestaciones más comunes de violencia política son: asedio y persecución, persecución judicial, malos tratos, tratos inhumanos, crueles y degradantes y tortura.
“A partir de abril, se reportaron entre los hechos de asedio y persecución, una práctica de allanamientos a domicilios, que a diferencia de los anteriores, tuvo como característica común la confiscación de bienes que según los agentes policiales constituían pruebas contra las personas asediadas, tales como: computadoras, celulares, camisetas, pintura, tela y mochilas”, apunta el informe.
Asimismo, en los primeros meses de este año se desarrollaron procesos de judicialización contra personas detenidas en el contexto electoral de 2021, las cuales fueron condenas entre 8 a 13 años y en su mayoría, acusadas por delitos como “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, lavado de dinero y propagación de noticias falsas, además, todas las personas fueron inhabilitadas para ocupar cargos públicos”.
Además reporta que al 20 de junio de 2022, 6.697 organizaciones de la sociedad civil sufrieron la cancelación de su personería jurídica, en algunos casos también la confiscación ilegal de sus bienes y propiedades.
Nuevas formas de violencia política y de terror
El observatorio destaca “11 nuevas formas de violencia política y de terror en 2022”. “Aunque la principal forma de violencia política en los primeros 5 meses del año se ha focalizado en el asedio y persecución, reportes ciudadanos recibidos señalan nuevas formas de ejercer violencia que tienen el objetivo es ejercer un control totalitario sobre la ciudadanía, incluyendo a personas opositoras, simpatizantes sandinistas, trabajadores del Estado y ciudadanía en general”, señaló.
Las nuevas manifestaciones de violencia política documentadas por Urnas Abiertas son: represión migratoria, negación de documentos, extorsión fiscal, represalias administrativas contra grandes, medianas y pequeñas empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, persecución al sector cultural y a la Iglesia Católica, eliminación de la autonomía universitaria, control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos, migración forzada, e impunidad y denegación de justicia.
Operadores del terror
El observatorio indica que entre enero y mayo de 2022 observó una leve disminución en la participación de sujetos y grupos armados (policías, militares y paramilitares) en la ejecución de los hechos de violencia política registrados, lo que a su vez ha dado pie a la participación de otros actores institucionales en la estrategia represiva.
“Los agentes policiales siguen constituyendo los principales operadores de la represión, a través de la ejecución de hostigamiento, detenciones arbitrarias, allanamientos, confiscaciones y otro tipo de agresiones. Sin embargo, se identificaron otros operadores no armados, en su mayoría institucionales, como: Sistema Penitenciario, Sistema de Justicia, Asamblea Nacional, Dirección de Migración y Extranjería, Alcaldías, Civiles, entre otros”, subrayó.
Escenario previo a las municipales
En cuanto a las próximas elecciones municipales, Urnas Abiertas anotó que “las autoridades electorales todavía no convocan a elecciones oficialmente”, e indica que los tiempos de convocatoria de elecciones municipales han venido disminuyendo, de un año a 6 meses desde que Ortega regresó al poder.
“La reforma a la Ley Electoral, permite un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas e internacionales. El horizonte electoral – municipal para este 2022 no es favorecedor en tanto y cuanto no se observen cambios en las condiciones democráticas necesarias para realizar comicios legítimos”, zanjó.
“El retroceso democrático de Nicaragua antecede la crisis sociopolítica que estalló en 2018. La corrupción y el fraude son la antesala perfecta hacia el autoritarismo y el terror político materializado en las múltiples formas de violaciones a derechos humanos que ha venido ejecutando el Estado de Nicaragua de manera sistemática y generalizada contra la población civil”, continuó.
Urnas Abiertas reiteró que Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo. “Insistimos en la importancia del restablecimiento de las condiciones democráticas las cuales incluyen la liberación de las personas detenidas, cesar la represión, la violencia política y el estado policial; reestructurar el Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable y garantizar la observación nacional e internacional independiente, fidedigna y creíble, incluyendo observadores en materia de Derechos Humanos como la CIDH y OACNUDH”.
En la presentación del informe participaron Paulo Abrao, Wendy Flores, Cindy Regidor y Olga Valle.