La abogada y Directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez, la periodista e investigadora social Sofía Montenegro y la abogada constitucionalista y exmiembro de la Alianza Cívica Azahalea Solís, recurrieron este jueves por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida en Nicaragua como “Ley Putin”, por considerar que vulnera los derechos humanos de los nicaragüenses.
Las tres féminas esperaron casi una hora para ser atendidas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia orteguista (CSJ), indicó el CENIDH.
“A las 10: 50 a.m. luego de esperar casi una hora a la intemperie, la presidenta del cenidh @NunezEscorcia, Sofía Montenegro y Azahalea Solís presentaron ante la CSJ recurso por inconstucionalidad de la Ley de Agentes Extranjeros en contra de Gustavo Porras y Daniel Ortega”, tuiteó el organismo.
“Aquí estamos, por nuestros derechos y los de todos”, expresó Montenegro, quien agregó que dos patrullas de la Policía Orteguista las asedió frente a la CSJ.
La ley de agentes extranjeros establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos a las personas, además de la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG, si el régimen Ortega-Murillo considera que estas intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.
Esa ley clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”, según el texto.
La nueva ley establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses, justo cuando falta menos de un año para las elecciones que decidirán el futuro del dictador Daniel Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007.