El abogado nicaragüense Pablo Cuevas desestimó las acusaciones de “fraude migratorio” formuladas en su contra por la abogada de inmigración estadounidense Astrid Carolina Montealegre ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La denuncia de Montealegre presentada el pasado 5 de octubre pasado, se originó tras la recepción de al menos 20 quejas de migrantes nicaragüenses que alegan haber sido estafados por la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), oficina que dirige Cuevas.

Montealegre, hija de padres nicaragüenses, afirmó en una entrevista con La Mesa Redonda que los servicios proporcionados por Cuevas carecen de la legalidad necesaria en Estados Unidos, ya que el abogado nicaragüense no está autorizado para realizar trámites migratorios en el país.

Versión de Cuevas

En respuesta, Cuevas explicó a La Mesa Redonda que su oficina no ofrece servicios legales en el contexto que Montealegre sugiere, y afirmó que recibos de cobro que le presentó la abogada, no fueron emitidos por él, sino por el tiktoker nicaragüense Kevin Monzón, a quien brindó refugio y alimentación por una temporada en su oficina.

“Hace varias semanas, la señora Astrid Montealegre me llamó y me hizo preguntas sobre unas supuestas denuncias que tenía, que nosotros le habíamos hecho procesos migratorios a personas y habían terminado en deportación. Y me estuvo interrogando, qué es lo que hacíamos. Yo le expliqué, le di las explicaciones y me envió un recibo, supuestamente era de la Defensoría, yo revisé ese recibo porque la letra me parecía conocida y nosotros tenemos expediente de Kevin Monzón y vi que esa letra la que parecía el recibo era de Kevin Monzón, me pareció raro porque no está autorizado para elaborar recibos”, aseguró Cuevas.

El abogado relató hace dos años Monzón lo llamó “llorando” para pedirle ayuda, pues tenía tres días de dormir “debajo de una autopista” en Estados Unidos. “Lo fui a traer, lo alimenté y lo tuve varios meses, pero nunca se iba porque decía que no conseguía trabajo, a pesar de que le ofrecían trabajo”.

Según Cuevas, Monzón habría estado cobrando por servicios que no estaba capacitado para ofrecer. “Al final se fue, de ahí recibí denuncias de varias personas donde decían que en mi nombre estaba haciendo procesos migratorios. Si Kevin no sabe hacer eso, yo nunca lo he autorizado ni jamás trabajado para mí”, afirmó.

“Recuerdo un joven de apellido Plata, que ya tenía deportación y más sin embargo Kevin le cobró por el proceso y anómalo, pues fue evidentemente una estafa. A todas las personas que me llamaron les dije que no tenía nada que ver con Kevin”, declaró Cuevas.

Además, el abogado nicaragüense expresó que se siente difamado por la campaña que, según él, ha emprendido Montealegre, basándose en información proporcionada por Monzón.

“Yo supongo que la denuncia de la doctora nace de información que le ha suministrado Kevin. De ahí ella me ha estado amenazando, previniendo. Yo le expliqué que nosotros no damos servicios legales, que aquí es común que los ciudadanos se auxilien de técnicos preparadores de formularios que estudian en escuelas comerciales para preparar formularios de migratorios y sólo ponen en los formularios la información del usuario y de ahí 180 días después solicitan permiso de trabajo. Ese es el servicio que se presta, la gente cobra los costos y pues gracias a Dios no hemos tenido un problema sustentables. Ahí la doctora ha estado con esta campaña y pues yo me sabré defender”, concluyó.

La denuncia de Montealegre

La abogada de inmigración Astrid Carolina Montealegre, presentó el sábado 5 de octubre, una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el abogado nicaragüense Pablo Cuevas y su oficina por supuesto “fraude migratorio” a al menos 20 víctimas migrantes nicaragüenses.

“Él en los Estados Unidos no es abogado. Él tiene una organización sin fines de lucro, tiene una página web y ofrece servicios de asesoría migratoria, lo cual es ilegal. En los Estados Unidos solo los abogados pueden dar consejos legales, o las organizaciones que están aprobadas por el Departamento de Justicia. La organización de él no está aprobada por el Departamento de Justicia, y él no es abogado en los Estados Unidos, ni abogado de migración”, explicó Montealegre a La Mesa Redonda.

La abogada argumentó que las denuncias están fundamentadas en la falta de envío oportuno de documentos a USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.) y en la prestación de servicios por los cuales los solicitantes no calificaban.

“Los casos de defraudación incluyen situaciones donde se presentaron documentos incorrectamente, o donde se realizaron cambios de dirección que llevaron a órdenes de deportación. Estos errores podrían haberse evitado con un manejo adecuado de los procesos legales”, declaró.

Asimismo, la abogada de inmigración denunció que las personas que han acudido con Cuevas fueron cobradas con una ‘donación’ obligatoria que en algunos casos excede el costo promedio de los servicios legales.

“Mientras que algunos abogados ofrecen procesos similares de forma gratuita, estas víctimas no pueden permitirse pagar altas tarifas legales”, expresó Montealegre, que detalló que las sumas de “donación” ascienden a los 1 mil o 3 mil dólares por caso.

“Es fraude, porque está cobrando, pide una donación que es exigida y cuando las personas piden copias de sus documentos, o preguntan que si ya los envió, les cobra”, aseveró.

Montealegre también subrayó que la DNDH no está en la lista de organizaciones aprobadas para brindar asesoría migratoria, lo que hace aún más preocupante la situación.

“He solicitado desde el 18 de julio que el Sr. Cuevas desactive la sección de su página web que ofrece estos servicios”, dijo Montealegre, que además afirmó haber conversado con Cuevas para exponerle la situación antes de la denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense.

“Yo le pedí desistir de brindar asesoramiento legal sin los permisos y supervisión legal requeridos por la Ley federal de los Estados Unidos. También le proporcioné el enlace para registrarse en OLAP (Oficina de Programas de Acceso Legal)”, mencionó.

“Yo hablé con él personalmente, me escuchó, le dije lo de las denuncias, y me dijo: ‘usted sabe que hay gente que siempre se va a quejar’”. Sin embargo, Montealegre refutó esta afirmación, señalando que su larga trayectoria como abogada no ha presentado quejas similares.

La abogada de inmigración detalló que entre las 20 personas que aseguran haber sido defraudadas, se encuentran migrantes que entraron a Estados Unidos con visa, indocumentados y con parole.

“Hay de todo, pero todas tenían procedimientos migratorios y todas terminaron con órdenes de deportación, y en tres casos, deportados. De los deportados, son víctimas directas del régimen” en Nicaragua, precisó.

“Honestamente, nunca había hecho este tipo de denuncia, tengo 20 años de ser abogada en Estados Unidos y nunca me había tocado hacer una denuncia de este tipo. Y me preocupa y me entristece, porque las personas a quienes defraudó son las personas más vulnerables, y son personas que sí son víctimas y que sí tienen derecho a asilo”, finalizó Montealegre.