La reforma constitucional que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han enviado a la Asamblea Nacional de Nicaragua ha generado una ola de rechazo e indignación en diferentes sectores del país, reflejando que las modificaciones consolidan aún más el poder autoritario del régimen en el país.
Esta reforma, que modifica más de 100 artículos de la Constitución, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y formaliza el cargo de “co-presidenta” para Rosario Murillo, la esposa de Ortega.
Además, otorga al régimen aún más control sobre las instituciones del Estado, y establece como “símbolo patrio” la bandera rojinegra del FSLN, entre otras tropelías.
A continuación, las reacciones de figuras políticas y organizaciones de derechos humanos:
Félix Maradiaga: “Un atentado contra la democracia”
Félix Maradiaga, destacado opositor nicaragüense y excarcelado político, calificó la reforma constitucional como un “atentado despiadado contra la democracia y los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense”.
En su opinión, la reforma no solo busca perpetuar el poder de Ortega y Murillo, sino que también institucionaliza las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen.
“Esta reforma no solo representa una consolidación totalitaria del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que formaliza en papel las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos que la dictadura ha venido cometiendo desde hace años”, dijo.
Maradiaga condenó la extensión del período presidencial y la legalización de la bandera rojinegra del partido sandinista como símbolo patrio, lo que considera una afrenta a la verdadera identidad nacional.
“Resulta indignante que se eleve al nivel de símbolo patrio la bandera rojinegra del partido sandinista, colocándola al mismo nivel que nuestra verdadera bandera nacional, azul y blanco. Esta práctica bochornosa, ahora legalizada, es una afrenta a la identidad y dignidad del pueblo nicaragüense”, sostuvo.
“La eliminación de la independencia de los poderes del Estado, la instauración de la ‘co-presidencia’ para Rosario Murillo y la criminalización de la oposición bajo el concepto de “traición a la patria” reflejan una tiranía que busca sofocar cualquier forma de disidencia. Además, la supresión de la autonomía municipal y la capacidad del Ejecutivo de suspender derechos constitucionales a su discreción consolidan un Estado policial al servicio de la dictadura”, añadió Maradiaga.
Juan Sebastián Chamorro: “Co-dictadura bicéfala”
Juan Sebastián Chamorro, otro líder opositor, calificó la reforma como “Constitución despótica” que establece una “co-dictadura bicéfala”.
“Solamente así podemos definir la nueva Constitución que entrará en vigencia en Nicaragua el próximo año. Eliminando la forma de gobierno como la conocemos formalmente, la separación de los poderes del Estado, pasan a ser estos órganos bajo la coordinación de una co-dictadura bicéfala”, dijo.
Chamorro criticó que la reforma elimine una serie de derechos constitucionales y se declaren “traidores a la patria a nivel constitucional a cualquier persona que piense lo contrario” al régimen orteguista.
Además rechazó que se establezca la bandera del Frente Sandinista como “símbolo patrio” y se instaure los paramilitares a nivel constitucional bajo la supuesta figura de “policía voluntario”.
“Es sumamente serio lo que la dictadura está planteando. Está planteando una nueva forma constitucional de ver las cosas y nosotros como opositores, como nicaragüenses tenemos que estar conscientes de que esta violación constituye la más flagrante violación de los derechos porque se trata de la Carta Magna”, afirmó.
El opositor llamó a “no normalizar” y “no aceptar” la reforma constitucional. “Esta constitución despótica tiene y deberá ser eliminada de nuestra historia con la lucha cívica, pacífica y no violenta”, concluyó.
Yader Morazán: “De reforma parcial a dictadura total”
El abogado nicaragüense Yader Morazán señaló que la reforma constitucional no es una “reforma parcial”, como la presentan Ortega y Murillo, sino un “golpe de estado institucionalizado”.
“Los Ortega-Murillo institucionalizan su dictadura a través de una nueva constitución política (reforma total), que disfrazan de ‘reforma parcial’, con el fin de evadir las trabas procesales que contiene la misma supra norma(art. 193Cn), en la que exige la creación de una Asamblea Constituyente, en el que la Asamblea Nacional fija un plazo para constituirla en elecciones libres. En su lugar, de un plumazo instauran en Nicaragua la Korea del Norte de las Américas y oficializan el poder de la co dictadora Rosario Murillo, la esposa del dictador Daniel Ortega”, escribió en su cuenta de X.
En su opinión, esta reforma borra el sentido que la constitución original de 1987 otorgó al Estado nicaragüense y reemplaza la estructura democrática por un régimen totalitario.
“En resumen, mientras la reforma parcial modifica partes específicas del texto constitucional existente, una constituyente crea un nuevo orden”, precisó
Morazán también denunció que la reforma elimina mecanismos de participación ciudadana, como referendos y plebiscitos, y da poder al régimen para suspender derechos constitucionales a su discreción.
Yaritzha Mairena: “Una ofensa al pueblo nicaragüense”
Yaritzha Mairena, activista de derechos humanos y excarcelada política, criticó duramente la reforma, llamándola un acto de “cinismo e hipocresía”.
Mairena denunció que el régimen de Ortega y Murillo se ha apoderado de la identidad del pueblo nicaragüense, imponiendo una ideología socialista y una bandera roja y negra como símbolo patrio, a pesar de que esta bandera está asociada con la violencia y la represión.
“Secuestran la identidad del pueblo imponiendo su retórica socialista irreal y su bandera terrorista como símbolo patrio, ofendiendo a las victimas históricas que el sandinismo ha provocado en los últimos 40 años…!”, reprochó.
Mairena también condenó la criminalización de la oposición y la persecución de los jóvenes, quienes han sido expulsados del sistema educativo y obligados a abandonar el país.
“Esta ‘nueva’ constitución es un paso más para consolidar su dinastía y volver a Nicaragua a su medida, continuando la persecución y tortura contra quienes no se adhieren a su maldito discurso revolucionario. Estableciendo una Co-presidencia por capricho de Rosario Murillo y su proyecto de instaurar una dinastía”, añadió.
CALIDH: “Distorsión absoluta de la Constitución”
La organización de derechos humanos CALIDH, rechazó enérgicamente la reforma constitucional, calificándola como una “distorsión absoluta” del texto constitucional.
“CALIDH rechaza que se use el texto constitucional para elevar las ideas megalómanas y tiránicas a la constitución. NICARAGUA NO ES UN ESTADO REVOLUCIONARIO NI EXISTE EL PODER REVOLUCIONARIO. El texto de la reforma llama de revolucionario al país. Rechazamos esta pretensión de ubicar a cientos de miles de nicaragüenses que no se sienten ni se sintieron parte de la Revolución. Rechazamos el poder revolucionario ejercido por el pueblo, esa es figura ficcionaria, que asegura la represión, la vigilancia y el espionaje que ejercen los consejos del poder ciudadano en barrios, territorios y comunidades del país”, apuntó en un comunicado.
CALIDH denunció que la reforma convierte al régimen en un poder absoluto, donde coordina los otros poderes del Estado, y elevó a rango constitucional las prácticas autoritarias que ya son comunes bajo la dictadura.
“El texto enviado por Ortega a la Asamblea Nacional eleva a rango constitucional la distorsión absoluta a la que él ha sometido al Estado, el que ahora será absoluto porque el poder se ejerce a través de la presidencia y esta coordina a los demás poderes estatales”, sostuvo.
La organización también cuestionó la legalización de la bandera rojinegra como “símbolo patrio” y la imposición de un sistema que, según ellos, excluye a la mayoría del pueblo nicaragüense que no se siente representado por el sandinismo.
“LA BANDERA ROJINEGRA NO ES Símbolo PATRIO. EI Estado no puede someter, imponer ni distorsionar a los símbolos patrios cuya existencia en un régimen democrático es que la sociedad sienta en ellos una identidad común por encima de cualquier partido político. Rechazamos este abuso en contra de los nicaragüenses, su identidad e historia”, dijo.
Asimismo, la organización aseguró que la libertad religiosa no debe ser criminalizada.
Javier Meléndez: “La Institucionalización de una Dictadura Dinástica”
Javier Meléndez, especialista en temas de defensa y seguridad y director del organismo de investigación Expediente Abierto, expresó su preocupación de que Nicaragua se haya convertido en “el único país con dos presidentes”, refiriéndose a la creación del cargo de “co-presidenta” para Rosario Murillo.
“En Nicaragua, el tirano Daniel Ortega impone al parlamento una reforma constitucional para que Nicaragua sea el único país con dos presidentes: él y su esposa, Rosario Murillo”, criticó.
María Asunción Moreno: “El poder absoluto”
La abogada María Asunción Moreno enfatizó que la reforma constitucional significa la “constitucionalización del poder absoluto y dinástico” en Nicaragua.
Según Moreno, la reforma elimina las bases de un sistema democrático y legaliza una estructura de poder que, a su juicio, destruye cualquier posibilidad de alternancia en el poder.
“Está reforma significa la constitucionalización del poder absoluto y dinástico, y la eliminación de los bases de un sistema democrático”, indicó.
Las reformas constitucionales enviadas por Ortega y Murillo a la Asamblea Nacional no solo modifican la estructura política del país, sino que consolidan aún más el poder de la pareja dictatorial, institucionalizando su control absoluto sobre el Estado.