El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) presentó este martes su informe sobre la ‘Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua 2022’, asegurando que desde el 2018 cuando estallaron las protestas contra el régimen Ortega-Murillo, es el año 2022 “uno de los más difíciles” debido a la “intensificación de la crisis” en el país.
“El año pasado (2022) ha quedado registrado como uno de los más difíciles desde 2018, año en que empezó la crisis social y política que vive Nicaragua. 2022 fue el año en el que más se aceleró la restricción de los derechos humanos”, indicó el organismo argentino que tiene por finalidad promover, defender y justiciabilizar derechos humanos en Latinoamérica, especialmente, los de grupos en situación de vulnerabilidad.
CALIDH sostuvo que el 2022 estuvo marcado por una intensificación de la crisis de derechos humanos debido a la cantidad de personas privadas de libertad por motivos políticos (251) desde 2018.
Asimismo, —agregó— el 2022 fue el año con más ataques registrados contra la Iglesia Católica, incluyendo la criminalización de 11 religiosos, la confiscación de entidades de educación superior administradas por la Iglesia, el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro de carácter religioso e incluso el destierro.
“En el caso de muchos derechos el escenario no es de restricción, sino de supresión total entre ellos la libertad de asociación y religiosa. En el año que precedió las y los nicaragüenses y el resto de la región —que atraviesa tiempos convulsos con prevalencia de autoritarismos— asistieron al empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y este año, 2023, podría ser peor”, alertó CALIDH.
Otro elemento mencionado por CALIDH para argumentar la “intensificación de la crisis” en Nicaragua es la “concentración absoluta de atribuciones y funciones en el Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, apuntó que el sistema penal nicaragüense, que incluye a la policía, el ministerio público, el poder judicial, la defensoría pública, la Procuraduría General de la república “está totalmente concentrado en detener, procesar y condenar a opositores y disidentes del partido de gobierno, en juicios desprovistos de cualquier garantía del debido proceso en arreglo con los compromisos internacionales del Estado de Nicaragua, la constitución y la ley procesal penal del país”.
También apuntó el “aumento de las formas de crueldad reflejado en los femicidios contra mujeres y niñas. La cantidad pandémica de peritajes por violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes y los huérfanos por femicidios de 2022 son un dramático testimonio del abandono del deber de prevenir, sancionar y reparar del Estado”, subrayó.
El equipo de CALIDH advirtió que por el “desolador panorama general de los derechos humanos en Nicaragua”, no tienen certeza de cuánto daño provocará en las futuras generaciones vivir “en un país con un inmenso legado de violencia”.
CALIDH también anotó la difamación y los hostigamientos contra la Iglesia Católica en Nicaragua “con detenciones y juicios arbitrarios, expulsiones forzadas del territorio, la cancelación de frecuencias de radio y televisión y confiscación de entidades de educación”.
Destacó el caso del obispo Rolando José Álvarez.
“En diversas oportunidades, CALIDH advirtió que este patrón de ataques podría conformar ‘persecución de un grupo religioso’ conducta prohibida por el Derecho Penal Internacional”, advirtió.
El organismo agregó el “histórico atropello” del régimen a los pueblos indígenas y afros del Caribe de Nicaragua, a través de “irrupciones violentas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y asesinatos por parte de invasores”.
CALIDH expresó su “profunda preocupación” respecto de:
- La potenciación de la grave situación de los grupos analizados y el desinterés estatal en el cumplimiento de sus obligaciones generales y específicas contenidos en los tratados internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos y la propia legislación nicaragüense respecto de ellos.
- La agenda conservadora de abordaje de la violencia de género por parte del gobierno de Nicaragua centrada en (1) el aumento de la severidad de las penas en abandono de los deberes de prevenir y garantizar derechos; (2) el modelo de familiarismo forzado y (3) la concentración total del sistema penal nicaragüense en las tareas de ejecución del patrón de castigo y censura contra las voces disidentes y opositoras, y en general, del control de la población nicaragüense.
- La ausencia de políticas integrales para resarcir a víctimas sobrevivientes de violencia de género; para tutelar y ayudar económicamente a los familiares y especialmente a los encargados de niños, niñas y adolescentes huérfanos producto de la perpetración de femicidios. La falta de políticas integrales de reparación de familiares, en especial, niños, niñas y adolescentes que quedaron en situación de orfandad tras la ejecución de sus padres en la etapa más letal de la crisis actualmente en curso.
- La ausencia de información desagregada respecto de la violencia contra personas LGTBIQ+ lo que invisibiliza su situación y el nivel de vulnerabilidad tras el deterioro generalizado del goce real de todos los derechos;
- Inobservancia de los compromisos internacionales en materia de tierras y territorios de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe, en arreglo con el Convenio 169 de la OIT.
- La presunción de comisión de posibles crímenes de lesa humanidad por el atraque sistemático a las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe con la connivencia y la inacción del Estado en cuanto a las incursiones de invasores, y la participación directa de las autoridades autonómicas y municipales de la región norte.
- La supresión de la libertad de asociación como mecanismo de la demolición absoluta de los espacios de participación, articulación y expresión de las y los ciudadanos.
- El sometimiento a juicios carentes de garantías del debido proceso a las voces opositoras y disidentes que hoy día son personas privadas de libertad por motivos políticos; el abandono del deber de brindar atención médica oportuna a las personas bajo privación de libertad con alguna situación de salud crónica o de riesgo. El especial patrón de persecución contra la dirigencia de la Unidad Democrática Renovadora (UNAMOS), activistas sociales, feministas y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes estudiantiles y en general, cualquier persona opositora que alce su voz en el país.
- La destrucción definitiva de la autonomía municipal establecida constitucionalmente, la ausencia de falta de competencia electoral genuina y la cancelación de partidos políticos opositores.
- Los ataques contra la Iglesia Católica, en especial, la criminalización de sus clérigos y laicos. Los ataques contra grupos religiosos son inaceptables en cualquier circunstancia y están prohibidos por el Derecho Penal Internacional.
- La incapacidad del Estado de poder contener a la migración económica que evidencia el deterioro del empleo y de las condiciones de vida en Nicaragua.
Finalmente, CALIDH reiteró “su firme compromiso y acompañamiento legal y gratuito con las víctimas y familiares de las graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas desde 2018, aportar un grano de arena para restituir sus derechos de memoria, verdad, justicia y reparación integrales, y continuar la labor de seguimiento y atención especial y permanente de la situación de Nicaragua a través de los programas de justiciabilidad, incidencia y promoción de derechos y formación del Centro por el tiempo que sea necesario”.