Un reciente informe elaborado por la Universidad para la Paz en Costa Rica, reveló un preocupante incremento de la violencia contra periodistas en el país, especialmente en los dos últimos años de la administración de Rodrigo Chaves Robles.
El estudio, titulado “Libertad de Expresión en Costa Rica”, revela que el año 2023 ha marcado un punto álgido en esta problemática, con un notable aumento de agresiones y hostigamiento hacia los comunicadores ticos.
El informe abarcó tanto medios nacionales como regionales y se enfocó en situaciones que pueden poner en riesgo el ejercicio del periodismo, incluyendo el acceso a la información pública y la participación ciudadana.
Los hallazgos del monitoreo indican un deterioro en las garantías para el ejercicio del periodismo en el país. Se han documentado agresiones verbales y restricciones en el acceso a la información, mayormente por parte de funcionarios públicos.
“Los hallazgos muestran un deterioro de las garantías para el acceso a la información pública, a ejercer el periodismo en un ambiente libre de violencia, incluyendo los entornos digitales, asignación de recursos públicos y uso del espacio radioeléctrico, lo que denota un debilitamiento significativo de la libertad de expresión en el país. Costa Rica es un referente en América Latina en cuanto al respeto de la libertad de expresión y de prensa gracias a su sólido marco jurídico y las oportunas actuaciones del poder judicial, sin embargo, el monitoreo reveló un deterioro de estos principios”, reza el informe.
Además, el informe señala un uso creciente de discursos estigmatizantes y violentos contra los medios, así como la restricción del acceso a información pública, creando un ambiente hostil para los periodistas.
El 2023 también estuvo marcado por investigaciones sobre financiamiento electoral tras las elecciones generales de 2022 y las municipales de 2023. Durante este proceso, se denunciaron obstrucciones a la justicia y falta de transparencia por parte de funcionarios, lo que ha generado críticas sobre la rendición de cuentas.
El informe también destaca la aparición de perfiles falsos en redes sociales, que han promovido ataques a periodistas, aumentando la intimidación en línea. Esto resalta la necesidad de marcos regulatorios que controlen el uso de “troles” y protejan la libertad de expresión.
“Se logró identificar la tendencia de que funcionarios públicos bloquearan perfiles críticos de las acciones públicas en redes sociales, restringiendo el acceso a la información, y por ende, considerado una restricción ilegítima a la libertad de expresión de la ciudadanía que tiene el derecho de recibir información libremente de las entidades oficiales”, apunta el informe.
A pesar de que Costa Rica ha sido reconocida por su sólido marco jurídico en defensa de la libertad de prensa, este informe señala que el país enfrenta un panorama preocupante.
La investigación recomienda a las autoridades eliminar discursos que estigmatizan a los periodistas y fomentar un diálogo constructivo. También se sugiere promover la transparencia en la toma de decisiones públicas y garantizar la participación de medios alternativos y comunitarios en la distribución del espectro radioeléctrico.
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a funcionarios estatales, entidades gubernamentales y medios de comunicación, enfatizando la urgencia de mitigar los efectos negativos de los ataques a la libertad de expresión en Costa Rica.
Puedes ver el informe completo aquí
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