El Congreso por la Unidad, convocó este lunes al pueblo de Nicaragua a que el próximo 10 de enero se sumen a un “paro nacional autoconvocado” y “paro total de remesas” en solidaridad con los presos políticos y en desconocimiento del régimen orteguista.
“Exigimos la liberación incondicional de todas nuestras presas y presos políticos secuestrados, para antes del día 9 de enero del presente año, de no ser liberados todos ellos, llamamos al pueblo a quedarnos en la casa el día 10 de enero, mostrando con este paro nacional autoconvocado nuestra solidaridad con nuestros hermanos encarcelados y el desconocimiento del régimen orteguista”, reza un comunicado del Congreso.
Asimismo, “llamamos a los nicaragüenses en el exterior, a que se sumen a este paro nacional con un paro total de remesas este 10 de enero como una expresión de desconocimiento de la dictadura Ortega-Murillo”.
La declaración señala el total desconocimiento del régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, quienes el 10 de enero tienen previsto una toma de posesión para mantenerse en el poder cinco años más, lo cual orquestaron mediante la farsa electoral del pasado 7 de noviembre.
“Desconocemos la legitimidad, la legalidad y la autoridad del régimen criminal de los Ortega-Murillo quienes no han sido electos por la voluntad popular, sino que han sido impuestos por una serie de fraudes electorales consecutivos y por la represión brutal, asesina y cobarde de sus cuerpos militares y policiales”, apuntó.
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El Congreso, que se denomina como “el naciente contrapoder democrático”, agrega que ante la grave situación de las presas y presos políticos, demandan la acción “urgente” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, organizaciones de Derechos Humanos, la más alta jerarquía de la Iglesia Católica y pastores evangélicos a que “hagan todas las gestiones humanitarias necesarias para lograr su liberación”.
Asimismo, exigieron “a la comunidad internacional, a los países, gobiernos y pueblos amigos de Europa y de las Américas” que “desconozcan la legitimidad del régimen”, que “retiren a sus embajadores y representantes diplomáticos” de Nicaragua.
“No pueden estar siendo acreditados representantes ante una dictadura ilegítima y criminal de lesa humanidad”, zanjó.