El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron que la “estructura represiva” del régimen de Daniel Ortega “debe ser llevada ante la justicia”, tras el informe presentado la semana pasada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU.
El informe del GHREN, identificó “la estructura represiva y cadena de mando de la dictadura de Nicaragua encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos que incluyen delitos de lesa humanidad”, señalaron ambos organismos.
Según el informe, la estructura de represión está encabezada por el “Daniel Ortega Y Rosario Murillo, quienes delegan ante Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad e inteligencia, Horacio Rocha asesor de seguridad y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua las acciones para reprimir cualquier tipo de posición a su régimen, tanto a quienes están dentro o fuera del país”.
El documento también señala a la fiscal general Ana Julia Guido; a la ministra y al viceministro del Interior, María Amelia Coronel y Luis Cañas Novoa; al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y al director de la Policía, Francisco Díaz.
“Este segundo informe que amplía el presentado en marzo de 2023, determina que Ortega y Murillo, y funcionarios de siete instituciones del Estado, incluyendo a la Policía, han cometido actos de crímenes de lesa humanidad”, señalaron las ONG.
Destacaron que el GHREN recomendó a la comunidad internacional “hacer que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961”.