La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha experimentado un grave deterioro desde el año pasado, con un alarmante aumento en los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra Pueblos Indígenas, según un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

El Jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, destacó que “‎la crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un ‎cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno‎”, lo que pasa entre otras cosas por la liberación inmediata de todos los presos políticos.

La ONU denunció las “continuas” violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, donde “la persecución de los opositores al Gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente”.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU estima en 131 la cifra de opositores que se encontraban en prisión en el mes de mayo, a los que habría que sumar otros diez arrestos arbitrarios en junio y julio.

El nuevo informe, documenta al menos 12 de casos de tortura y malos tratos bajo custodia, con denuncias de abusos sexuales y descargas eléctricas, entre otros.

“Las autoridades continúan persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”, reza el estudio, que incluye dentro de este ámbito a defensores de Derechos Humanos, medios de comunicación u ONG.

La dictadura de Ortega ha disuelto desde el año 2018 más de 5.000 organizaciones, con 1.700 cierres anunciados sólo durante el mes de agosto. Algunas de estas ONG son de orden religioso y, según la ONU, al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron detenidos arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024, mientras que 31 clérigos han sido desterrados.

Una de las preocupaciones recientes es un proyecto de ley propuesto por la dictadura que permitiría el procesamiento de personas en el extranjero por presuntos delitos como lavado de dinero, terrorismo, su financiación, y delitos cibernéticos.

Esta legislación ha suscitado temores de que pueda ser utilizada para presionar e intimidar a nicaragüenses exiliados y extranjeros por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos.

El informe, basado en 120 entrevistas con víctimas y testigos, reuniones con representantes de la sociedad civil y análisis de documentos, cubre un período de 12 meses desde el 15 de junio de 2023.

Volker Türk, reclamó una vez más la liberación de los detenidos de forma arbitraria, el retorno de los exiliados y el final de los abusos, así como que todos los responsables rindan cuentas.

Según Türk, las próximas elecciones de 2026 se presentan como una “oportunidad” para que el pueblo nicaragüense pueda decidir su futuro con libertad y seguridad.

“Es preocupante ver cómo el espacio cívico continúa siendo severamente erosionado en Nicaragua y cómo el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil. Las elecciones de 2026 ofrecen una nueva oportunidad. Es crucial que el derecho a la participación política se respete plenamente para que los y las nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país”, concluyó.