El abogado nicaragüense y defensor de derechos humanos Pablo Emilio Cuevas, denunció este miércoles el robo de su vivienda ubicada en Anexos de Villa Libertad en Managua, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Cuevas, exiliado en Estados Unidos y privado de su nacionalidad en febrero de 2023, dijo en conferencia de prensa virtual que su casa, valorada en 45.000 dólares, fue ocupada por la Procuraduría General de la República (PGR).
“He sido víctima de otro atropello de la dictadura de Daniel Ortega, después que en febrero de 2023 me despojaron arbitrariamente de mi nacionalidad y ahora el robo de mi propiedad, mediante un procedimiento que nace nulo de toda nulidad por principios constitucionales que prohíben las confiscaciones”, declaró el defensor.
Cuevas, explicó que su casa estaba bajo al cuido de una persona, quien tuvo que desalojar la vivienda tras ser amenazado.
“Mi casa la fui construyendo durante 30 años, con 30 aguinaldos con los que le hice todas las mejoras y donde se construyeron dos apartamentos para mis hijos y sus familias respectivamente; como pasa en muchas familias nicaragüenses”, añadió.
Cuevas, que tiene 20 años de ser defensor de los derechos humanos, comentó que “es triste ver cómo se apropian de todos los años de trabajo honrado”.
Agregó que, pese a perder su vivienda seguirá defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia, calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua hasta mayo pasado.
Esa investigación señala que las “ilegales confiscaciones de bienes” constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer régimen sandinista (1979-1990), conocida como ‘piñata’.
La denominada ‘piñata’ es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, y también entre febrero y abril de 1990, en el período de transición presidencial cuando Ortega entregó el poder a la entonces mandataria Violeta Barrios de Chamorro.
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