La dictadura de Daniel Ortega reglamentó el miércoles la Ley creadora de la empresa estatal que se encargará de las obras de dragado del río San Juan, que en el pasado ha sido motivo de disputa con Costa Rica.

A través de un decreto publicado en el diario oficial La Gaceta, Daniel Ortega, publicó el reglamento que tiene por objeto establecer las normas para el desarrollo y la aplicación de la Ley.

El 23 de agosto pasado, Ortega reformó el decreto ejecutivo con el que creó la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, encargada de dragar ese afluente y cuyo delegado fue el fallecido Edén Pastora.

Las funciones de dragado que ejercía la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan fueron trasladadas a una empresa propiedad del Estado.

En el reglamento, el dictador determinó que para garantizar la continuidad del dragado del río San Juan, todos los bienes muebles, inmuebles y equipos adquiridos durante el proyecto pasarán a formar parte del patrimonio propio de la Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan; y definió el departamento de Río San Juan como domicilio principal de esa empresa estatal.

Las funciones de la empresa serán coadyuvar a “garantizar la soberanía nacional y mejorar la navegabilidad del Río San Juan, garantizar la continuidad del dragado del afluente, contribuir a la restitución de los derechos de las comunidades en el municipio de San Juan de Nicaragua”, entre otros, según el reglamento.

Disputa con Costa Rica

En diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puso fin a los litigios fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua al reconocer la soberanía costarricense sobre Isla Portillos y declarar que Managua violó su territorio con su presencia militar y sus derechos de navegación en el río San Juan.

La CIJ reconoció que Costa Rica tiene soberanía sobre el territorio en litigio, la fluvial Isla Portillos o Isla Calero, en la costa del Caribe.

También señaló que Nicaragua violó la soberanía territorial de Costa Rica al crear tres caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense, en su intento de unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe.

El alto tribunal de la ONU afirmó que, al crear dos caños en 2013 y establecer una presencia militar en el territorio litigado, Nicaragua violó las obligaciones que le impuso la Corte en marzo de 2011, en referencia a las medidas provisionales por las que pidió a las partes abstenerse de cualquier acción que pudiera agravar la disputa y a retirarse de la zona.

La Corte declaró además que Nicaragua violó el derecho de navegación del río San Juan que había sido conferido a Costa Rica por el tratado de fronteras de 1858.

La CIJ tramitaba desde 2013 en un solo expediente dos demandas entre ambos países centroamericanos.

La primera demanda fue presentada por Costa Rica a finales de 2010 por una supuesta invasión de Nicaragua a territorio costarricense en Isla Portillos.

Costa Rica aseguraba que Nicaragua había causado daños a un humedal protegido por convenios internacionales en territorio costarricense al abrir dicho canal para unir el río San Juan con el Caribe, aunque Managua afirmaba que esas obras eran parte de un dragado del afluente y que las realizó en territorio propio de Harbour Head.

La segunda demanda fue presentada por Nicaragua en 2011 y en ella acusó a Costa Rica de causar daños ambientales al río San Juan, durante la construcción de un camino de lastre de 160 kilómetros que corre paralelo al afluente.

La CIJ dictaminó en 2011 las medidas provisionales que reafirmó en 2013 e instó además a Nicaragua a poner fin al dragado de dos nuevos caños en el cauce del San Juan y a retirar de la zona a su personal.