La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), la RedProdepaz Nicaragua y otras organizaciones de la sociedad civil, expresaron su enérgico rechazo a las recientes reformas y adiciones a varias leyes en Nicaragua, así como al cierre arbitrario de 1.500 organizaciones no gubernamentales en el país.
Los organismos se refieren a las reformas a la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro; la Ley N° 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley N° 822, Ley de Concertación Tributaria.
En un comunicado conjunto, las organizaciones denuncian que estas reformas y el cierre masivo de ONGs, en su mayoría de carácter religioso, representan el mayor ataque a las asociaciones en un solo día desde el inicio de la represión en 2018. Desde las protestas de abril de 2018, más de 5.200 organizaciones han sido anuladas en una serie de ataques sistemáticos contra la sociedad civil.
“El cierre de estas oenegés, muchas de las cuales desempeñaban labores esenciales en áreas críticas como la educación, la salud, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la diversidad sexual y el apoyo a comunidades marginadas no solo constituye una grave violación de la libertad de asociación, religión y de expresión, sino que también representa un retroceso alarmante en la protección y promoción de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señala el comunicado.
Añaden que las reformas legislativas y el cierre de las organizaciones son vistos como un esfuerzo del Estado nicaragüense para silenciar a los opositores y consolidar su control, utilizando justificaciones legales infundadas como el incumplimiento en la presentación de estados financieros.
Las organizaciones internacionales afirman que estas medidas son una forma de eliminar a quienes no se alinean con los intereses del régimen actual.
“Es profundamente preocupante y condenable que el Estado de Nicaragua continúe utilizando su control sobre las instituciones estatales para silenciar a quienes percibe como opositores, en una flagrante violación de los principios básicos del Estado de derecho”, añade el comunicado.
“Estas medidas no son más que un intento desesperado por consolidar el poder y desmantelar cualquier espacio de crítica, resistencia y organización. Nos preocupa profundamente el impacto devastador que el cierre de estos espacios tendrá sobre la población más vulnerable, que dependía del apoyo de diversas ONG para satisfacer necesidades básicas que el Estado ha sido incapaz de atender”, continúa.
Los firmantes hacen un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y a todas las personas comprometidas con la justicia y la democracia para condenar estas acciones y exigir el cese inmediato de la represión sistemática en Nicaragua.
Asimismo, instan a restaurar las libertades fundamentales en el país y proteger el derecho de las personas a organizarse y expresarse libremente.
“Hoy, más que nunca, nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense y con todas las organizaciones y personas que, a pesar de la persecución, continúan luchando por un futuro de libertad y dignidad”, concluye el comunicado.
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