Antes de asestar el último golpe a funcionarios públicos del Estado con una barrida masiva bajo la excusa de una “reorganización y promoción de eficiencia”, el régimen Ortega- Murillo ya había sometido a sus trabajadores a la humillación, al escarnio y últimamente a la persecución.  

El régimen los ha ido desgastando, “quemando” y desechando lentamente en un largo proceso de purgas internas. Las acciones de sometimiento y explotación de los trabajadores estatales son variadas: primero los obligaron a lo que en Nicaragua llaman “rotondear”; que es hacer plantones en las rotondas de la capital para mostrar su apoyo al régimen, después, los obligaron a ir a marchas y a contramarchas de opositores. 

En el peor de los casos, a una buena parte los hizo cómplices de sus crímenes, los armó y les ordenó matar, reprimir y delatar a amigos, vecinos y  hasta familiares que en 2018 se lanzaron a las calles para exigir el fin de la dictadura. A cambio de todo eso, ellos podían conservar la plaza de trabajo en las oficinas del Estado. 

Pero el malagradecido régimen no les tuvo compasión y cuando llegó el momento de pasar por encima de ellos como lo hace ahora, lo hizo sin miramientos. Primero les quitaron los bonos salariales y desde entonces, todos sus derechos han ido en picada, hasta este mes, que el régimen ordenó despidos masivos.       

“Los rotonderos” y el COVID-19   

Tras las protestas sociales contra el régimen orteguista en el 2018, los trabajadores del Estado fueron obligados a marchar, protestar y “rotondear”, so pena de despido, represión y hasta cárcel porque el que no acataba las órdenes del régimen era considerado “traidor”.    

La presión contra los trabajadores era tal, que sus jefes, hasta llegaban a pasar lista en las rotondas para asegurarse que nadie faltara. Bajo el sol o lluvia, estos trabajadores, unos simpatizantes, otros no, pasaban largas jornadas, ondeando la bandera rojinegra del partido y gritando consignas y vivas a la pareja de dictadores. Y al día siguiente, debían presentarse al trabajo puntualmente, sin importar el cansancio del día anterior.         

Dos años más tarde, cuando en marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el régimen puso en peligro al personal del Estado. Los más afectados fueron médicos, enfermeras y personal de los hospitales y centros de salud que administra el Ministerio de Salud (Minsa), al no permitirles el uso de mascarillas, ni acatar las disposiciones sanitarias de organismos internacionales de salud.   

Ortega y Murillo no permitieron el cierre de las fronteras, no se suspendieron las clases y más bien promovió actividades de concentración masivas como marchas, ferias u otros eventos públicos. A los funcionarios del Estado, no se les permitió cuarentena. Debieron trabajar en medio de las mortandades y un centenar de ellos fallecieron a causa del mortal virus.

Aunque el régimen limita a 245 las muertes por COVID-19 hasta el año pasado, médicos independientes señalan que al menos 32 mil personas fallecieron al contraer el virus. 

Crueldad contra médicos  

El personal de salud, especialmente, enfrentó lo peor de esta pandemia y muchos murieron al acatar la demencial medida estatal. Al finalizar el 2021, un año después de confirmar el primer caso de COVID-19 en el país, 207 trabajadores de salud entre médicos, enfermeras fallecieron por el virus. Para entonces, un informe emitido por Amnistía Internacional (AI), indicaba que el régimen “ha seguido una política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de COVID-19”.   

Destacó la denuncia de AI la exposición al personal de salud, sugiriendo que el país, incumplía con sus obligaciones internacionales al tomar represalias, despidos y acoso a trabajadores que habían solicitado el uso de equipos de protección personal, como mascarillas, guantes y desinfectantes.    

Tiempo después, Rosario Murillo, dijo que “fortalecerían acciones” para “protegernos mejor” y autorizó el uso de mascarillas y guantes. Para entonces, las muertes en el país se contaron por montón y ella, Ortega y sus medios, intentaron ocultarlas atribuyéndole todo tipo de causa hasta obligar a los especialistas a firmar Epicrisis donde se leía: “muertes por causa múltiples” y “desconocidas”. 

La humillante foto de trabajadores con sus salarios   

El régimen Ortega-Murillo también ha humillado a los servidores del Estado. Lo hace todavía al obligarlos a exhibir el pago de sus salarios. En un afán publicitario de mostrar “su generosidad” de pagar hasta 15 y 20 días adelantado a la fecha que corresponde el pago, el régimen los hace desfilar en sus medios de televisión. Los obliga a agradecerles al matrimonio, aunque en la paga, no viene ni un centavo más y todo sale de los fondos del Estado.

Cuando Rosario Murillo lo anuncia a través de sus medios de comunicación, no puede faltar la foto de los trabajadores posando con el dinero. El 20 de agosto de este año, por ejemplo, Murillo anunció el pago de 2,112 millones de córdobas en pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.  

Sus propagandistas corrieron a las oficinas públicas a retratar a los jubilados contando en efectivo sus precarias pensiones y dando gracias “al comandante y a la compañera” por el pago, como si salieran de sus cuentas personales.  

Control a los trabajadores y a su núcleo familiar   

En el 2022, el régimen ordenó el control migratorio de sus trabajadores. Nadie podía salir del país si no tenía el visto bueno del régimen. El viaje tenía que ser anunciado con anticipación y esperar el permiso de los dictadores.   

En septiembre de ese año, una circular emitida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) dispuso controlar el movimiento migratorio del personal docente, estudiantes y administrativos, así como del personal académico y científico en las universidades.   

Además, obligaba a informar a los trabajadores sobre salidas del país por asuntos personales, tales como turismo, visitas familiares, vacaciones entre otras y se ordenaba dar detalles del viaje: país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo y duración del viaje y el lugar de entrada o salida.   

Luego, en 2023, los trabajadores estatales también fueron obligados a llenar información personal y de su núcleo familiar, misma que sería enviada a la Contraloría General de la República. 

A través de extensos documentos, debían reportar qué bienes poseía, sus deudas, el monto de estas y en qué instituciones financieras debía.  Además, el cuestionario incluía compartir información de la familia, propiedades o bienes de todos, nombre de los cónyuges, donde trabajaban, identidades, correos, cuentas de redes sociales, teléfonos, definición política, entre otras.    

El zarpazo a los jubilados   

En noviembre de 2023, el régimen Ortega-Murillo aprobó la Ley No. 1173 que según el doctor Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, fue un “zarpazo brutal al régimen de antigüedad en el sector público”. Con esa ley se redujo la indemnización por antigüedad en caso de que los trabajadores estatales renunciaran.   

Meza lo explica de la siguiente manera: “Con la nueva ley, para recibir dos meses de indemnización un trabajador tiene que laborar ocho años más de lo que laboraba antes de esta ley, para recibir tres meses de indemnización ahora tiene que trabajar 12 años más y para recibir cinco meses de indemnización tiene que trabajar 14 años más de lo que tenía que laborar antes de esa ley”.   

Con esa ley, los trabajadores tendrán derecho a un mes de antigüedad a partir de los tres años de trabajo continuo y no desde el primer año, como era antes.    En la actualidad, un empleado estatal deberá trabajar 20 años consecutivos para recibir cinco salarios en concepto de indemnización.   

Antes necesitaba cinco años: un mes de antigüedad por año laborado. De igual modo, trabajadores despedidos por razones políticas han denunciado que al ser expulsados, no les pagan sus salarios y derechos y no tienen a dónde recurrir.  

Policías a la cárcel si renuncian   

Para garantizar la lealtad y la subordinación policial al régimen, en 2023 la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, reformó algunos artículos a la Ley No. 872 de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.   

Introduce un artículo llamado Incumplimiento de deberes: “El personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.   

Y también introduce un artículo sobre la deserción: “El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.   

Diversas fuentes valoran que esas nuevas disposiciones sólo tienen una explicación: es prohibido renunciar ante el régimen, más cuando se trata de una institución que debe procurarse lealtad absoluta.  

Precisamente hace algunos días, algunos medios de comunicación informaron sobre la detención de seis oficiales miskitos en Bilwi, tras solicitar su baja; además habían denunciado abusos de parte de su superior.   

Hace unos días, el periodista desterrado Miguel Mendoza, denunció que en León un jefe de delegación desertó a México en rechazo a la labor de persecución policial; tres oficiales que renunciaron por la misma causa están detenidos, agregó en su informe.    

El golpe final: la reestructuración del régimen   

Con el argumento del “reordenamiento” en las instituciones del Estado, desde el 2 de agosto, se estima que unos 3 mil funcionarios públicos han sido despedidos.  

Se ha conocido de barridas en el Ministerio de Economía Familiar; Ministerio de Salud; Procuraduría de Derechos Humanos; Ministerio de Finanzas; Cancillería, Presidencia y más oficinas públicas. 

El 16 de agosto, durante su intervención de mediodía, Murillo lo confirmó aunque no dio números ni habló de despidos. “Ya empezamos a valorar el trabajo de cada Institución, las direcciones, los proyectos, a ordenar, a rediseñar, a reestructurar, promoviendo sobre todo la eficiencia que es lo que nos interesa… (…) eficiencia para servir mejor a nuestro pueblo”, suavizó. 

Y aunque Murillo ha insistido en que se trata de la implementación de “cambios necesarios para calidad, agilidad y eficiencia en nuestras Instituciones”, opositores al régimen como Juan Sebastián Chamorro consideran que la medida es para “purgar a todas aquellas personas que no sean 100% leales al partido (FSLN)” y para mayor “control de todas las contrataciones públicas”.   

El académico Adrián Meza asegura estar de acuerdo con el analista Enrique Sáenz, quien recientemente también dijo que la economía del régimen pasa apuros.  “Creo que se está comenzando a resentir esta lógica de aislamiento en la cual el régimen ha sometido al país, adicionalmente nadie se arriesga a invertir en un país donde no se sabe qué va a ocurrir mañana”, considera por su lado Meza.   

Apuntó que lo que menos le preocupa al régimen, es ser eficaz, pues si así fuera “estarían al frente de los ministerios personas capaces y cuadros con la experiencia necesaria para conducir y gestionar la administración pública en ruta que satisfaga las necesidades de la población”.   

Meza concluye que con esta acción también los empleados públicos están dentro de un esquema del régimen “en el cual está en guerra con toda la sociedad, el régimen de Ortega y Murillo está en guerra con profesionales, contra la religión, sacerdotes, intelectuales, sindicatos independientes y hasta con los funcionarios públicos”.   

“Los funcionarios públicos no le preocupan al régimen ¡Qué si se van a molestar! ¡Para qué tenemos la Policía! ¿Qué eso va a provocar inconformidad en miles de funcionarios públicos? ¡Y para qué tenemos al Ejército! Ese es el razonamiento de un régimen que lo ha reducido todo a la posibilidad de utilizar las bayonetas cuando los ciudadanos se levanten contra toda la gama de arbitrariedades que producen día por día”, acusó.     

Caen los primeros altos funcionarios   

Cinco días después que Rosario Murillo anunciara su plan de reestructuración, la Policía del régimen compartía a través de una nota de prensa el despido del escolta presidencial comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, quien estuvo al servicio de Ortega por 25 años.   

En una nota de prensa, la Policía informó el 7 de agosto que Acuña había “desobedecido flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, en consecuencia y de conformidad con lo establecido en la Ley 872, Ley de la Policial Nacional y sus reformas, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”.   

Meza lo mira de esta forma: “El hombre que durante 25 años estuvo dispuesto a recibir las balas que le hubieran llegado a Daniel Ortega en un atentado, preguntémonos ahora dónde está, esa es la fotografía del régimen, un régimen despiadado, que no tiene aliados de ninguna clase y que sacrifica a quien sea en el momento que sea para garantizar su dominio total del escenario político independientemente de que haya o no razones”.   

Hace algunos días también se conoció que Rosario Murillo ordenó la remoción del general de brigada Rigoberto Balladares Sandoval, quien por 14 años fue jefe de “Inteligencia Política” del Ejército de Nicaragua.  Se informó también de la caída de Iván Acosta, alto funcionario del régimen que durante 12 años, se desempeñó como ministro de Hacienda.   

Plazas congeladas   

Tras los despidos de trabajadores estatales, el régimen hizo otro anuncio: el “congelamiento” de las plazas vacantes.   

“Quedan congeladas todas las plazas vacantes y nueva contratación de personal a partir del 07 de agosto de 2024 de todas las nóminas de las entidades y organismos del sector público integrado en el Sistema de Nómina Fiscal, así como las que se encuentran fuera de este”, indica una circular del ministerio de Hacienda.   

Con esa nueva disposición el régimen suspende nuevas contrataciones en todo el Estado, mientras las denuncias anónimas por despidos en diferentes instituciones siguen.   

Según datos oficiales, en los primeros 14 años en el poder, el régimen llegó a tener 113, 634 empleados hasta en 2021 y se estima hasta junio de 2024, unos 111, 652 empleados, aunque expertos independientes aseguran que la cantidad es mayor.