El abogado Juan Diego Barberena, miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde), analizó la iniciativa de reforma al Código Penal de Nicaragua, promovida por dictador Daniel Ortega, que busca enjuiciar y confiscar a los opositores nicaragüenses en exilio.

Barberena afirmó que el objetivo de la dictadura es “legalizar las ilegalidades” de sus acciones, con el fin de perseguir a los nicaragüenses tanto dentro como fuera del país y consolidar así su control totalitario.

“La dictadura tiene como finalidad legalizar las ilegalidades que ha venido cometiendo durante todos estos años, establecer la confiscación como una pena principal para personas naturales y jurídicas, procesar penalmente e imputarle determinados delitos bajo el principio de universalidad de aplicación de la ley penal, que técnicamente es incorrecto y así poder acusar a los nicaragüenses que desde la exterior están haciendo alguna actividad de incidencia política para denunciar las graves violaciones los Derechos Humanos que hay en Nicaragua”, dijo Barberena a La Mesa Redonda.

“El objetivo de esto es eminentemente político. Nosotros podemos hacer un análisis jurídico de esto, pero como yo siempre repito una frase del profesor alemán Ferdinand ‘los problemas de Derecho son en el fondo problemas de poder, son problemas políticos’, y aquí el objetivo de la dictadura evidentemente es afianzar su control totalitario de todos los espacios políticos y sociales, garantizarse la materialización de estos actos confiscatorios”, añadió.

La enmienda, que propone reformar 27 de los 568 artículos del Código Penal, establece que las leyes penales del país serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los siguientes delitos: lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, y crimen organizado.

Además, delitos contra la administración pública; contra el Estado o sus instituciones; ciberdelitos; cualquier otro que pueda ser perseguido en Nicaragua, conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país, entre otros.

Las penas por esos delitos, según la iniciativa, van desde las privativas de libertad, decomiso de bienes o activos y multa. En los casos de encarcelamiento, en casos de delitos graves, las penas serán hasta de prisión perpetua revisable.

Según Barberena, esta reforma busca principalmente “aterrorizar a la población en Nicaragua y a quienes están en el exterior denunciando las violaciones a los Derechos Humanos”.

No obstante, el joven opositor subrayó que el régimen de Ortega y Murillo ha hecho múltiples reformas legales y que “eso no ha evitado de que los nicaragüenses estemos donde estemos, denunciemos las arbitrariedades, denunciemos las graves violaciones los Derechos Humanos, denunciemos la concentración del poder de Daniel Ortega y Rosario; de tal forma de que yo creo que es infructuoso este esfuerzo de la dictadura por pretender callar las voces de las y los nicaragüenses”.

Reacción a encuesta de CID Gallup

Barberena también abordó los resultados de una reciente encuesta de la empresa CID Gallup publicada por el medio Confidencial, que revela un bajo nivel de conocimiento sobre la sucesión dinástica de Rosario Murillo y una profunda crisis de pobreza en los hogares nicaragüenses.

Aunque el régimen tiene un apoyo base de alrededor del 15%, la encuesta muestra un rechazo generalizado y una percepción negativa tanto del régimen como de la oposición.

“Yo creo que los regímenes totalitarios en este caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo también llegan al momento de un tope, donde ya no tienen capacidad de obtener algún tipo de legitimidad mayor a esa mínima del 15% que tienen, y de tal suerte que el objetivo ya no es obtener legitimidad, el objetivo es sostenerse en el poder cueste lo que cueste, y si eso conlleva perseguir a la disidencia, si eso conlleva implementar políticas de compactación como lo que han venido haciendo y en consecuencia despedir los empleados y funcionarios públicos, lo van a hacer”, aseveró el opositor.

Barberena señaló por otro lado que, el mensaje hacia los funcionarios públicos y los militantes es que con Daniel Ortega y Rosario Murillo “no tienen garantía de nada” y que “son solamente un instrumentos”.

Barberena puso como ejemplo el caso de los ocho sandinistas que integraban un grupo de WhatsApp llamado ‘La Comuna’, donde supuestamente se hacían críticas a Rosario Murillo.

“Es un reflejo puro y duro de que no hay ningún tipo de garantía y que lo que tienen asegurado únicamente quienes hoy están dentro de las bases de Daniel Ortega y Rosario Murillo es cárcel, es persecución, es vigilancia y exilio; lo mismo que le han recetado a los opositores políticos”, aseguró.

Sucesión dinástica en crisis

Barberena también afirmó que Rosario Murillo enfrenta dificultades para sostener una sucesión dinástica.

“Yo he insistido y he mantenido una teoría de que la sucesión en este momento dentro del orteguismo tiene una crisis, es decir que Rosario Murillo no tiene la capacidad de generar una sucesión dinástica estable en el tiempo, como para que se sostenga porque eso requiere una serie de elementos y una serie de presupuestos que no los reúne Rosario Murillo”, zanjó.