Las autocracias tienen un sinnúmero de comunes denominadores, pero genéricamente se pueden llamar, simplemente, criminales; las especificidades de los crímenes cometidos y la caracterización de los mismos, determinarán las acusaciones imputadas a los presuntos culpables, todo ello atañe a expertos, que con ayuda de las víctimas, y probablemente de algunos perpetradores materiales e intelectuales, lograrán determinar lo más objetivamente posible las responsabilidades punibles de quienes impartieron órdenes, sus operadores y los autores materiales. Las penas establecidas para cada uno de los condenados, posiblemente no satisfagan enteramente a la sociedad, y de manera especial a quienes sufrieron de manera directa los crímenes de la dictadura, y es que la justicia perfecta no existe, es un hecho. En el caso de Nicaragua, lo que no debe considerarse jamás, es la impunidad o el olvido.

Pero hay crímenes que no se encuentran tipificados en las leyes, reglamentos y demás instrumentos creados para castigar a quienes transgredan el marco jurídico legal existente. La cantidad de ataques directos a la iglesia católica son alarmantes, el secuestro, destierro y deportación de prelados y sacerdotes, la grabación de las homilías por parte de agentes represivos del régimen, el robo del fondo de retiro de sacerdotes católicos jubilados, son entre otros, parte del amplio menú delictivo creado por la pareja dictatorial para doblegar a los creyentes católicos y su iglesia, delitos que en buena medida se ajustan a los instrumentos legales existentes, así como a legislaciones de carácter internacional reconocidas por el país.  

Pero hay delitos cometidos con particular saña por la dictadura, que por su naturaleza no se consideran sancionables a pesar de su gravedad, y sobre todo por su efecto en las víctimas; el secuestro de los Santos Patronos y Santas Patronas, que en cada ciudad o pueblo, han sido impedidos de cumplir con la devoción católica de líderes religiosos, creyentes y promesantes, y siendo la devoción popular por los santos una de las características ancestrales más arraigadas en toda la geografía nacional, convierten este hecho en un ataque directo a la libertad religiosa, la libertad de movilización y de expresión. Teóricamente, el santo patrón es el intermediario entre Dios y los pobladores de un determinado territorio, pero también es los más tangible que un creyente puede tener, de forma que es clasificado como el auxilio más cercano que una persona de fe puede poseer.

El derecho canónico y su ordenamiento jurídico, cuenta con sus propios códigos y principios generales de derecho, además de abogados, tribunales y jurisprudencia, de ahí que los estudiosos de este instrumento básico de organización de la Iglesia católica, deben considerar los delitos cometidos por la dictadura sandinista y derivar las sanciones respectivas.

Ezequiel Molina

Agosto 29, 2024