El dictador Daniel Ortega envió una propuesta de reforma al Código Procesal Penal (CPP- Ley 406) a la Asamblea Nacional, con el objetivo de consolidar y legalizar sus prácticas represivas y ampliar las atribuciones de la Policía en Nicaragua.
La reforma, que introduce cambios significativos en la gestión de información financiera y en la vigilancia digital, intensificaría la persecución política y limitará aún más las libertades civiles de los nicaragüenses.
Detalles de la reforma
Entre las modificaciones más destacadas al Código Procesal Penal (CPP) se encuentra el artículo 211, que ahora permitirá a la Fiscalía General de la República y a la Policía Orteguista incautar y suspender operaciones financieras en casos de urgencia.
Esta medida parece diseñarse para consolidar prácticas de confiscación de bienes y propiedades tanto a personas naturales como jurídicas en el país.
El artículo reformado otorga a las autoridades la capacidad de inmovilizar activos, títulos valores, documentos y cuentas bancarias sin requerir una orden judicial previa, lo que en la práctica legalizará los abusos que el régimen ha ejecutado contra opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Ampliación de atribuciones a la Policía
La reforma también incorpora cambios en el artículo 230, que amplía las atribuciones de la Policía Orteguista, especialmente en el ámbito de la vigilancia digital.
La Policía podrá ahora solicitar información detallada a proveedores de servicios informáticos y empresas de telefonía, incluyendo datos sobre la ubicación de antenas, mensajes de texto, llamadas y geolocalización de los usuarios.
Además, se le concede el poder de acceder a sistemas electrónicos e informáticos para extraer información, así como la capacidad de realizar estudios técnicos y solicitar la colaboración de expertos externos.
Estas nuevas facultades refuerzan la capacidad del régimen para monitorear y controlar la comunicación y los datos personales de los ciudadanos, intensificando el alcance de la vigilancia estatal.
La propuesta de reforma al CPP fue enviada a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional para su dictamen y próxima aprobación.
Esta iniciativa se presenta en el contexto de una serie de reformas que también incluyen cambios al Código Penal y a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las cuales aumentarán los controles sobre las actividades financieras y restringir el derecho de libre asociación.
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